¿Quién quiere continuar desestabilizando y provocando zozobra?, quién sabe, pero una mínima investigación daría como resultado el descubrimiento de grupos y personas dispuestas a profundizar la ingobernabilidad y provocar zozobra en la población y especialmente en candidatos y candidatas a puestos de elección popular. Los asesinatos y atentados se han convertido en una cifra más de las estadísticas de la violencia política; sin embargo, ninguno de estos hechos han sido clarificados y tememos que no exista preocupación de investigar y dar con los responsables para frenar la ola de violencia.
Como si nada, se han registrado 36 asesinatos en este proceso, la última víctima fue Carlos de León Bravo, en San Marcos, y el pasado martes se atentó contra César Macías, lo que demuestra que en la recta final de estas elecciones y estando a un mes de su realización, cualquier cosa se puede esperar .
Cuando las campañas negras, el soborno o la amenaza, no son suficientes para apartar de la contienda al contrincante, el único camino que parece quedarles es el de la violencia, el atentado a mansalva y la eliminación física de quienes se convierten en un estorbo para el ascenso al poder de sus propios candidatos. Lo raro de todo es que los hechos han tocado a casi todos los partidos políticos, pero ello no puede llevarnos a la conclusión simple que se están matando entre ellos y que el revanchismo o saldo de cuentas es el que se está imponiendo. Estamos seguros que eso no es así, que hay mano peluda atrás de todo y que las pretensiones no son simplemente las de abrirse paso para ocupar alcaldías, curules o el guacamolón, sino que los hechos trascienden las elecciones y se oponen a la profundización de la democracia y a la construcción del Estado de Derecho.
En todo esto tienen que ver los intereses económicos, militares y crimen organizado, por lo que dudamos que se queden conformes con el asesinato de dirigentes o militantes de partidos, la mano y fusil se extenderá y apuntará en cualquier momento contra defensores y defensoras de derechos humanos, sean estos civiles, políticos o económicos, sociales, culturales y ambientales, como ya ha sucedido, sin que se ponga atención a las múltiples denuncias de allanamientos, robos y amenazas que han proliferado contra ellos, con la variante que por lo menos ocho instituciones de cooperación y acompañantes de defensores han sido atacadas y algunos de sus miembros, amenazados. La oposición a la CICIG no fue casual, porque saben que investigando imparcialmente es posible desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.
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