Consumar la traición

Algunas autoridades se proponen consumar la traición que se ha venido gestando en el caso de Belice y encubrirla y disfrazarla, ¡increíble, pero cierto!, con un fallo judicial. No le corresponde a este Gobierno, que agoniza tomar iniciativa alguna en la materia, Gobierno que se ha caracterizado por una política internacional absolutamente errática, por no hablar de sus mayúsculas metidas de pata, tales como su inconsistente declaración de que enviaría tropas a Irak o la revelación de conversaciones reservadas.

Veo este caso fríamente –como lo debe  ver un abogado– y no puedo sino recordar lo que me dijera una vez Edmundo Vásquez Martínez: “Usted, Acisclo, nunca va a ser un gran jurista y, ¿sabe por qué?” A lo que agregó sin dejarme tiempo de chistar: “Porque es mejor abogado”.

Lo que quiso matizar Vásquez Martínez es que no son muchos los abogados –dentro y fuera de los tribunales de Justicia– capaces de litigar: armar un caso y defenderlo. Pensar y ejecutar los movimientos del litigio, como el ajedrecista sobre las piezas de ajedrez. Muchos son los que pontifican, pero pocos los que actúan.

Veo, pues, lo que se está gestando y lo tengo que ver con ojos de abogado y –algo más– de auditor externo en materia jurídica, rama en que me he especializado y que consiste en la evaluación de los casos –desde fuera–, evaluación que incluye a los propios abogados. Veo el caso de Belice y me preocupa, puesto que no he visto que se haya dado la necesaria preparación jurídica para someter el asunto a la Corte Internacional de Justicia, a Arbitraje, o, en su caso, a Arbitraje en Corte, modalidad que también existe.

No me refiero a las sempiternas cantaletas o silencios de los pontífices de siempre –buenos tan solo para consumo interno– sino al planteamiento concreto que habría de llevarse a juicio, sea en Corte o Arbitraje y que será conocido por terceros –árbitros o jueces–. El planteamiento concreto, con sus argumentos y sus pruebas. Teniéndose la claridad más absoluta en cuanto a aquello que se pide –me temo que no se sabe ni siquiera lo que quiere pedirse–. De quién es que se pide –tampoco creo que lo sepan– o si lo harán en uno o varios juicios –lo que no saben tampoco– y, fundamental, ¿en qué forma es que nuestras pretensiones habrán de sustentarse? ¿A qué es a lo que habrán de conducirnos?

Con todo respeto, pero que el Gobierno que agoniza se las dé, a estas alturas, de que llevará el caso al Congreso de la República, antes del 14 de enero, me parece una total y absoluta irresponsabilidad de su parte.

Antes que nada se hace preciso que el pueblo de Guatemala –el gran ausente de todas las negociaciones y de la traición que se viene preparando– tenga acceso a toda la información que se ha ocultado y que pueda tomar plena conciencia de lo que representa para sí, en todos sentidos, esa parte de nuestro territorio que es Belice.

Don Alberto Herrarte González lo señaló con esta frase lapidaria: “La gran debilidad de Guatemala es que los guatemaltecos han carecido de la información sobre el caso de Belice que sí ha existido, por ejemplo, en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y, ¡claro está!, en Belice”.

Siendo este un tema de interés nacional que no puede quedar en manos ni de incapaces y muchísimo menos de traidores, me permito formular –con todo respeto– esta enérgica prevención: veo peligrosos los pasos que se están dando en el tema de Belice y estimo que estos podrían estar encaminados a consumar– “elegante e imperceptiblemente” la traición haciendo uso para consumarla –esto raya ya en lo insólito– del propio pueblo de Guatemala a través de una precipitada consulta popular privado –como lo ha estado; y lo sigue estando–, de la información precisa… La pretensión –poco menos que perversa– es que el pueblo de Guatemala –sin la debida información– extienda un cheque en blanco para que con su aval se pierda el juicio. Juicio que –por otra parte– perderlo costaría unos 40 millones de euros… En lo sucesivo no podremos dormir sino con los ojos abiertos.

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