Opinión:Golpe de Estado al municipioLas autoridades municipales tienen razón. Por: Acisclo Valladares Molina
Principio fundamental del Estado de derecho es que ninguna norma de jerarquía inferior puede contradecir a otra de jerarquía superior. Esta lógica implacable sitúa en la parte más alta de la pirámide de Kelsen a la Constitución Política de la República cuyas normas no pueden ser contradecidas, limitadas, restringidas o tergiversadas por norma alguna, tal y como lo establece el Artículo 204 del texto constitucional que ordena a todos los jueces y magistrados que la Constitución Política de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado.
¿Sobre cuáles leyes y tratados prevalece la Constitución? Sobre todos, sea cual fuere su jerarquía o su materia. Por debajo de la Constitución se encuentran las leyes de jerarquía constitucional. Debajo de estas, los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y aquellos en materia de integración. Siguen en el orden jerárquico las leyes, prevaleciendo en estas las especiales sobre las generales en la materia específica de que se trate. Debajo de las leyes los reglamentos, disposiciones y actos de autoridad. El presidente Serrano, por ejemplo, emitió un acuerdo gubernativo y con este pretendió sobrepasar las normas superiores incluidas las contenidas en la Constitución Política de la República. La Corte de Constitucionalidad no tuvo más que contrastar el acuerdo con las normas superiores para definir su inconstitucionalidad y declararla. En el caso que nos ocupa el Gobierno de la República se ha disparado un acuerdo que contraviene lo establecido en norma de carácter superior, el Código Municipal y, en consecuencia, el acuerdo emitido es necesariamente inconstitucional. Si se quiere cambiar la ley puede hacerse. El Código Municipal puede cambiarse en cualquier momento por el Congreso de la República, siguiendo los pasos para hacerlo pero, mientras la norma conserve su vigencia, debe cumplirse. En este caso el alcalde Arzú tiene razón, tal y como no la tuvo cuando “privatizó” la telefonía en Guatemala sin seguir los pasos establecidos por la ley: conocimiento del asunto por parte del Congreso de la República y mayoría calificada de dos terceras partes del total de diputados que lo integran. La ley es la ley. ¿Será tan difícil de entenderlo? Y se seguirá violando en tanto no paren en la cárcel sus infractores. Bien por las autoridades municipales y tarjeta roja, pues –desde el punto estrictamente jurídico que es del que hablamos–, a las autoridades de Gobierno. Agregar comentario: |
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