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    Guatemala, domingo 19 de agosto de 2007

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    PORTADA

    Macario y la Justicia indígena en Chichicastenango

    Este es el primero de tres acercamientos a las autoridades, procedimientos, normas y valores de las alcaldías indígenas que aún mantienen vivo el Derecho Consuetudinario, llamado también Justicia Maya o Sistema Jurídico de los Pueblos Indígenas.

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    No hay nada como ver a José Macario Morales vestido con su traje regional de Chichicastenango.

    Parece un príncipe salido de un cuento maya. Lástima que el traje no pueda usarlo todos los días ya que la fineza de sus hilos, el detalle y la minuciosidad de sus bordados llevan su precio a los US$1,000. Macario es parte del 98.5 por ciento de los habitantes de Chichicastenango, Quiché, que se reconocen indígenas maya k’iche’s, según datos del Instituto Nacional de Estadística (2002).

    Esta villa es famosa por sus días de plaza –jueves y domingos– y por ser parada obligatoria para muchos turistas. El templo católico, construido en 1540 por sacerdotes dominicos, las 20 gradas que simbolizan los días del Calendario maya, el sincretismo de su espiritualidad olorosa a pom e incienso, integran una de las postales más difundidas del país. De esa ciudadela entre barrancos proviene también el Popol Vuh, pieza fundamental de la literatura indígena, las máscaras y trajes ceremoniales, y el orgullo de sus habitantes actuales que presumen ser la cuna auténtica del pueblo k’iche’.

    Macario es en Chichicastenango la máxima autoridad indígena después de Tomás Calvo, el principal general, quien también luce más distinguido y orgulloso cuando viste su chaqueta bordada con delicados hilos de colores que reproducen íconos de la cosmovisión maya, el pantalón negro y corto, el morral blanco, el sute rojo en la cabeza y la vara que hoy en día los identifica ahí, y en muchos pueblos originarios de América, como autoridad comunal.

    Ellos son parte del Concejo de la Alcaldía Indígena, cabeza de los cofrades (quienes guardan los tesoros e imágenes religiosas de la comunidad) y de los Principales (guardianes de los papeles y títulos de propiedad antiguos). Ni Macario ni Tomás saben leer y escribir, hablan poco español y apenas aprendieron a firmar, pero ambos velan por la armonía en los 86 cantones que integran el municipio de Santo Tomás de Chichicastenango.

    El puesto de Macario cambia de “apellido” según quién lo nombre; alcalde auxiliar, comunal o indígena, el trabajo es el mismo: servir al pueblo, solucionar conflictos, mantener viva la cultura. Las alcaldías indígenas nacieron durante la Colonia cuando se formaron los “Pueblos de Indios” y se escogió a los principales (gente con abolengo) para que impartieran justicia, recabaran impuestos para la Corona y dieran a conocer las nuevas leyes y disposiciones españolas. El aislamiento de los pueblos y el abandono del Estado contribuyeron a que esta estructura de servicio social y comunitario fuera necesaria y efectiva durante cientos de años absorbiendo, modificándose e incluso desapareciendo según la historia de cada pueblo.

    Hoy Quiché es uno de los departamentos donde la Alcaldía Indígena continúa activa y los cargos son nombrados en asamblea abierta en cada cantón. De ahí sale una junta directiva o Concejo Mayor con sede en el municipio de Chichicastenango. Hay jerarquías en los cargos que suelen ser destinados a personas mayores con ciertas cualidades espirituales, servicio previo comprobado en la comunidad y don de mediación o diálogo.

    Macario es el primer alcalde reelegido y se encuentra en su segundo período a cargo de la Alcaldía Indígena. La reelección se debió a su trabajo en la recuperación de los bienes comunales. Antes de aceptar de nuevo el cargo, Macario debió consultarlo con su mujer, pues durante el tiempo del servicio no devenga salario, debe viajar mucho y no contribuye mucho al sostenimiento de su casa, tarea que recae en su esposa.

    Macario se mueve en varios mundos: lo mismo está hoy en la capital de Guatemala invitado a un Seminario sobre Derecho Indígena o llevando un Recurso al Congreso o, como hace unos meses, en México y Bolivia representando a las autoridades indígenas, así como atendiendo a la prensa internacional que a menudo lo visita en Chichicastenango.

    También se conoce muy bien los cantones a donde acude cuando lo llaman para resolver algún lío de terrenos o problemas entre comunidades. Para él, todos los casos son importantes, desde los pequeños hasta los titánicos.

    K’ixiba’l’, la vergüenza y la propiedad

    La Alcaldía Indígena de Chichicastenango cuenta con documentos legales desde 1905 que los certifican como dueños de terrenos y edificios del centro de la comunidad. Actualmente, algunos de estos bienes están en manos de empresas privadas. El mismo problema viven las alcaldías indígenas de Totonicapán y Sololá.

    Eso tiene a Macario luchando contra Carlos Slim Domit. ¡Sí! El millonario que destronó a Bill Gates como el hombre más rico del mundo.

    Hace varios años, en 1973, un alcalde municipal vendió algunas de estas propiedades, amparado en la ignorancia de algunos guatemaltecos, entre ellos el Registrador de la Propiedad Privada de aquel entonces, que no sabía o no quiso saber la diferencia existente entre la Alcaldía Municipal de Chichicastenango, administradora de los recursos del Estado, y la Alcaldía Indígena de Chichicastenango, administradora de los recursos comunales. Fue usurpando el puesto de los segundos, como los primeros vendieron por un monto ridículo varias propiedades. Una fue cedida a Guatel, hoy Telgua, la telefónica guatemalteca propiedad de Slim, y otra a Correos, S.A.

    Las autoridades indígenas de Chichicastenango, agrupadas como Concejo Mayor, intentan desde hace varios años recuperar sus bienes con base en lo que consideran correcto y pilar de su sistema jurídico: el diálogo, el consenso y la armonía. La estrategia que utilizaron está basada en la palabra k’iche’ k’ixibal, que no es otra cosa que la vergüenza. Si ellos lograban que los dueños de Telgua y Correos, S.A. se enteraran de que la compra había sido ilegal, seguramente se sentirían mal.

    Consiguieron una cita con los encargados de Correos, S.A. y de Telgua para enseñarles los documentos que, según ellos, los ratifican como legítimos dueños. El representante de Correos expresó que no sabía nada de eso, se disculpó con la autoridad maya y devolvió el inmueble que hoy tiene pintado el nombre de Alcaldía Indígena de Chichicastenango y que se usa como salón de reuniones y oficina.

    No sucedió lo mismo con los representantes de la empresa telefónica, que desde entonces no ha escatimado recursos legales ni económicos para defender la propiedad. El caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. Quién sabe como terminará esta historia... Macario Morales contra Carlos Slim.

    El Pixab’, El Xik’a’y, los Derechos Humanos

    Cada vez que entra a la Alcaldía Indígena o a algún otro lugar que lo amerite, Macario se arrodilla, reza en k’iche’ a las imágenes religiosas presentes y deposita su vara ante ellas. Luego de ese ritual está listo para lo que sea. Los casos más comunes que se presentan en la Alcaldía Indígena están relacionados con violencia intrafamiliar, líos de terrenos, de herencias o robos.

    Según el libro Una Visión Global del Sistema Jurídico Maya, de la Defensoría Indígena Wajxaquib’ No’j, las autoridades resuelven con base a un conjunto de valores, principios, elementos filosóficos y jurídicos que buscan la construcción de la unidad, el equilibrio y la armonía en las relaciones humanas y con la naturaleza. Estas normas regulan la conducta y convivencia del pueblo maya y están fundamentadas en su cosmovisión, o sea en su forma de ver el mundo. Naturaleza, cosmos y ser humano son una trilogía común en el pensamiento de los pueblos indígenas.

    Cuando Macario, Tomás u otros alcaldes comunales resuelven un caso, no parecen basarse en la teoría que abunda en decenas de libros que abordan el tema del Derecho Consuetudinario en términos académicos, antropológicos y jurídicos. Pero sí es claro que siguen un procedimiento lógico acorde a sus creencias y costumbres.

    Como el día en que resolvió un caso de violencia intrafamiliar en la aldea Chupol. Recibió la denuncia, analizó el problema y citó a los involucrados en un día Tziquin del calendario maya, propicio para las reconciliaciones de amor. “Nunca lo haríamos un viernes 13”, bromea Macario. En el transcurso del juicio oral se analizó el problema, los involucrados expusieron su punto de vista, padres y familia cercana participaron, intercambiaron ideas y reflexiones, lograron que el acusado se arrepintiera, pidiera disculpas y propusiera él mismo la manera de enmendar el asunto. La pareja recibió el Pixab’ que contempla normas y consejos para vivir dados por los ancianos de la comunidad y encaminados a llevar a la reflexión y al cambio de actitud. Al final de la reunión, las partes del conflicto se mostraron satisfechas.

    Todo se realizó en idioma k’iche’, no les requirió desplazarse a la cabecera departamental, no costó un solo centavo y no requirieron contratar abogados, ni esperar durante semanas una sentencia como hubiera sucedido de haberse usado el sistema oficial de justicia para resolver este caso.

    Según cifras que maneja la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y otras entidades, el nivel de impunidad, por ejemplo, en casos de asesinatos en Guatemala es de 98 por ciento. Es que los juzgados que existen cuentan con poco recurso humano y económico.

    Solo en el Juzgado de Paz de Chichicastenango realizan 3 mil audiencias orales al año, la mayoría en idioma k’iche’ con apenas un equipo de 2 oficiales, 1 secretario y 2 pasantes bajo el mando del juez Juan José Jiménez Texas, quien asegura que si los alcaldes comunales hicieran bien su trabajo, su juzgado no sería de los más cargados.

    “Aquí se aplica el Convenio 169, pero no como ellos lo piden, pues si una costumbre no es correcta no se aplica, como heredar solo a los hijos varones”. Jiménez es tajante cuando asegura que no existe ningún tipo de coordinación entre su juzgado y la autoridad indígena. El juez oriundo de Chimaltenango pero con cuatro años trabajando en Chichicastenango, critica el uso del Xik’ay’ o los azotes de parte de las autoridades indígenas, y muestra las fotos de un joven con la espalda al rojo vivo por los golpes, supuestamente aplicados por un alcalde comunal. El Xik’ay’, como dice Amílcar Pop, abogado maya experto en Derecho Consuetudinario, es un tema complicado y complejo pero parte de la justicia maya. Originalmente es un castigo físico que aplican los ancianos a quienes son recurrentes y se aplica con ramas verdes y delgadas de durazno o membrillo. No pretende provocar dolor ni marcas, sino vergüenza pública.

    En una reunión organizada por la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché para tratar el tema de la aplicación del Xik’ay’, los asistentes no lograron un acuerdo sobre la conveniencia de su uso o no. Lo que reconocieron fue que en algunas comunidades del país esta práctica es común y puede llegar a ser excesiva porque se ha visto alimentada con la violencia y la guerra de 36 años en el país.

    Juan Zapeta, ex alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché, cree que muchos de estos casos se dan en situaciones extremas, cuando una comunidad está enardecida y amenaza a las mismas autoridades para que apliquen leyes más fuertes como azotes, rapar a las mujeres a cambio de no linchar a los delincuentes. Ahí no existe diálogo, ni consenso, ni mediación, mucho menos un juicio maya.

    “Nos acusan de que no respetamos los Derechos Humanos, pero nosotros vamos más adelantados que los de las Naciones Unidas, que han necesitado cientos de años para ir definiendo los derechos colectivos y de la naturaleza, que nosotros los indígenas desde hace años practicamos y respetamos”, comentó en esa ocasión Fausto Otzim, del Centro de Documentación e Investigación Maya (Cedim).

    En esa reunión también concluyeron que, en todo caso, aplicar esas normas u otras es un derecho que tiene que ver con la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y que en ningún momento representa una violación a los Derechos Humanos.

    Ante el debate, Macario presume que en Chichicastenango, con 86 cantones bajo su cargo, nunca ha aplicado el Xik’ay’, ya que el Pixab’ cumple mejor su función de persuadir y modificar una conducta negativa.

    “Nosotros no conocemos el cansancio, no sabemos de horarios. Cuando resolvemos un caso lo hacemos hasta que terminamos, no dejamos las cosas a medias, no dormimos si hay que trabajar, pero todo lo solucionamos”, expuso Juan Zapeta públicamente durante su intervención en el Seminario Internacional sobre Derecho Indígena, organizado por el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA), y concluyó: “Es grande nuestro trabajo, es grande lo que hacemos”.

    Lucía Escobar

    18 agosto 2007

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