Prensa Libre se ha lanzado a toda una campaña de abierta presión para lograr que la Corte de Constitucionalidad avale el inconstitucional acuerdo ministerial que pretende que una dependencia del Organismo Ejecutivo esté por encima del municipio dentro de su propia jurisdicción municipal.
Ninguna norma de jerarquía inferior puede contradecir la de jerarquía superior y –en consecuencia– siendo inferior el acuerdo ministerial que el Código Municipal, no puede contradecirlo. Por otra parte, la ley posterior deroga a la anterior y en este caso el Código Municipal es posterior a la ley de Tránsito por lo que cualquier disposición de la Ley de Tránsito que se le oponga, se encuentra derogada. Finalmente, la norma especial prevalece sobre la general y –en este caso– la especial es el Código Municipal puesto que se refiere al transporte de pasajeros y carga, pero dentro de la estricta jurisdicción del municipio. Prensa Libre se tira a matar en contra del magistrado Alejandro Maldonado Aguirre, descalificándolo para conocer de este caso por la relación que ha tenido con el Alcalde y el partido político de que este es Secretario General y conminándolo –si conoce– a que se atenga al improperio gubernamental so pena de que –si no lo hace– verá resquebrajado su prestigio. En otras palabras, ya sabe a qué atenerse el magistrado en cuanto a titulares de prensa y comentarios si no se enmarca en la línea gubernamental…
Esto es casi como que si se le amenazase con ametrallarlo e, incluso, peor, puesto que las balas no son nada comparadas con el veneno mortal de la palabra. Aquellas matan pero, estas, persiguen incluso después de la muerte. Pongamos las cosas en orden y desnudemos la situación: el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, designó magistrado a Roberto Molina Barreto, de reconocida afinidad con el Gobierno, quien habría de defender entonces –si se usase el mismo rasero usado por Prensa Libre para Maldonado Aguirre –saludo uno y saludo dos– el inconstitucional acuerdo emitido por el Gobierno de la República a través del Ministerio de Gobernación. ¿Por qué no se mide la situación con la misma vara?
¿Es o no superior el Código Municipal al Acuerdo Gubernativo? ¿Es o no posterior el Código Municipal a la Ley de Tránsito? ¿Es o no especial el Código Municipal en cuanto a que establece potestades sobre el transporte pero dentro de la estricta jurisdicción del municipio? Los buenos jueces –Alejando Maldonado lo ha sido y podría citarse como ejemplo digno de imitar por los novatos– no se deben a nadie, sino a la ley. El fallo, finalmente, sea cual sea, debemos de acatarlo. Amén.
Cualquier ciudadano, común y corriente, que lea "Prensa Libre",está en capacidad de entender la presión o influencia negativa, como se le quiera llamar, que pretendieron inducir hacia la CC en el pasado editorial, tuvo el Lic.
Valladares con su clásica claridad mental y capacidad intelectual de devolverles el mensaje, tienen que entender los de Prensa Libre que no siempre tienen o pretender tener toda la razón y esta vez si que se equivocaron y como tal deben rectificar su error y entender que el orden constitucional no puede defenderso solo, ni pretender asustar ni aumentar la sosobra que ya se mantiene, con editorales hepáticos.
La prensa puede marear la balanza y el reflejo de tal gazapo se deja advertir en coyunturas como la está pasando a la CC. La suspensión provisional del acto reclamado se hace sin formar artículo, quedando a criterio de los jueces, si la inconstitucionalidad es notoria y susceptible de causar daños irreparables, decretar la suspensión provisional en tanto se decide el fondo del asunto. Ahora bien, si la presión de la “opinión pública” los hace adelantar criterios sobre el fondo, elemental es que se abstengan de seguir conociendo y se excusen.
Si quieren el desalojo del inquilino de la comuna que lo hagan legalmente. Una medida de hecho lo constituye el paro patronal para adversar lo que venía regulando la Municipalidad; la intervención del ejecutivo al dictar una disposición para que se contraviniera lo que estaba reglado, es arrogancia, indistintamente que a la postre sea su competencia regular los horarios como lo tiene establecido el actual gobierno municipal. Que no se apuren los Magistrados y el ejecutivo atento a resguardar el orden público.
Byron Lopez: (2007-08-23 11:32:46 horas)
Perdoneme don Acisclo y don Eduardo pero la CC se lavo las manos, no dio la razon a ninguno, dio una resolucion politica, no juridica. Y el problema del dialogo con los transportistas persiste y la incertidubre de los guatemaltecos con el abastecimiento persiste, cual solucion?
Eduardo Meléndez: (2007-08-23 05:02:18 horas)
Como era de esperarse la Corte de Constitucionalidad dio la razón a quien la tenía. Excenentes, licenciado todas sus apreciaciones jurídicas. Señalaron el camino y evidenciaron que la municipalidad tenía la razón.
SUBIR
4 comentarios: