De los 932 policías separados, el 80 por ciento no laboraba por estar preso o sujeto a un proceso judicial, o porque fue sancionado administrativamente.
Ayer, la ministra de Gobernación, Adela Camacho de Torrebiarte, y el director general de la Policía, Julio Hernández Chávez, anunciaron la separación de 932 agentes de la Policía Nacional Civil.
Aunque las autoridades afirmaron que el despido se debió a reorganización, debido a un plan de “reestructuración” de la Policía, cerca de una tercera parte del total de personal despedido tiene un proceso abierto en el Ministerio Público o sus casos ya están en juicio. Esto significa que el número asciende a 320.
Según explicó Hernández Chávez, del total de agentes y oficiales superiores “dados de baja” (como se le conoce en el argot policial), solo 217 estaban trabajando, y el resto se encontraba en situación especial, es decir, suspendidos, porque así lo decidió un tribunal disciplinario de la Policía, aunque recibían sueldo. “El 80 por ciento del total (715) no estaban en servicio activo, generando un costo para la institución, además de no cumplir con la misión institucional de prestar seguridad”, dijo Hernández Chávez. Esto tenía un costo para el Gobierno de Q3.5 millones de quetzales mensuales; y por año, era de Q52 millones.
De Torrebiarte dijo que se solicitó a la Oficina Nacional de Servicio Civil la creación de 500 plazas de inspectores y subinspectores. Añadió que hay cerca de mil alumnos en la academia, estudiando para graduarse de agentes, y se iniciarán cursos de ascensos para comisarios y subcomisarios.
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2 comentarios:
carlos Lopez: (2007-08-25 08:25:23 horas)
puchica mucha ahora nos tenemos que cuidar mas, porque salieron otros 1000 ladrones a robar, pero sin uniforme, antes se les distinguia pero ahora como los vamos a conocer.
Luis Francisco Garcia: (2007-08-25 07:00:17 horas)
Deberían darle seguimiento a estas personas porque tienen todo lo necesario para delinquir en las calles ahora que están desempleados.
2 comentarios: