Descendientes de Atanasio Tzul

Parece detener el viento con su postura altiva y el sute cayendo sobre la capa larga, seguramente de lana. En su mano izquierda, Atanasio Tzul aprieta un papel que bien podría ser el acta donde se niega a pagar tributo a la Corona española, desconociendo la autoridad extranjera. Con la mano derecha y cerca del corazón sostiene la vara que lo identifica como alcalde indígena (o comunal) de Totonicapán, la misma vara que hoy, dos siglos después de aquel suceso histórico, siguen portando los alcaldes comunales como distintivo de su autoridad, aunque el traje regional y el sute los hayan cambiado por jeans y sombrero, y los papeles por un celular.

En el parque central de Totonicapán, donde se mantiene la estatua de Tzul, ninguno de los alcaldes comunales se detiene a observar al rebelde k’iche’, prócer de la Independencia. Van de prisa: 10, 20, 50, 100, casi 200 personas, la mayoría hombres, pero también algunas mujeres, parte de ese 97.2 por ciento de la población de Totonicapán que es considerado indígena de la etnia k’iche’ (INE, 2003).

Y todos son parte de la estructura comunitaria que funciona desde antes de la Colonia como una fuerza de presión social y de administración de justicia comunal.

El cashcol, el bosque y las consignas

Han bajado desde la madrugada de los cantones y parajes lejanos para acudir al Juzgado de Primera Instancia Civil y mostrar apoyo a la Junta Directiva de la Asociación de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Chwimiq’in’a (Totonicapán) en una reunión conciliatoria.

En la sala que preside la abogada Zoila López, juez de Primera Instancia de Toto, todas las sillas están ocupadas. Son tres partes en conflicto: la Asociación de Alcaldes Comunales de los 48 cantones con 3 representantes y 2 abogados, vecinos del Paraje Chumazan y de la Parcialidad Tax con sus respectivos defensores.

Es un proceso voluntario de conciliación para intentar determinar los linderos de los bosques comunales con base en títulos de propiedad antiguos, verificación de mojones y fotos satelitales. El crecimiento poblacional ha movido las fronteras agrícolas y de viviendas hacia la reserva colectiva de unas 22 mil hectáreas boscosas de pino blanco y colorado, encino y el casi extinto pinabete, que por mandato histórico, administra y cuida la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones.

“Está bien que vengan a apoyar, pero si es una forma de presión que utilizan (los de la Asociación de los 48 Cantones), les cuento que conmigo no sirve pues yo ya sufro de presión alta”, comenta a la prensa local la juez encargada de llevar la junta conciliatoria.

La frase que el ex alcalde comunal, Carlos Soch, pronunció en una entrevista pública el año pasado:

“Cuando Totonicapán convoca, el país tiembla”, se ha convertido en un lema para las autoridades comunales que no dudan en atiborrar la sala de justicia, los pasillos, el primer nivel del edificio y cualquier lugar público para mostrar su apoyo a la Junta Directiva y al trabajo que desempeñan.

Escenas, frases, declaraciones, posturas que representan perfectamente cómo conviven esos dos sistemas de justicia tan distintos en un mismo país.

Cada año, un promedio de mil personas asumen en sus comunidades los distintos puestos que se necesitan para mantener una estructura de trabajo tan sólida, que incluye cargos de alcalde comunal, vicealcalde, alguacil, secretario, tesorero, guardabosques, fontanero, custodios, delegado de mantenimiento de baños y encargados de comités de agua y salud, una red que cubre, mejor que el mismo Estado, las necesidades de la población y además actúa sin presupuesto.

“Son tres minutos para hacer proselitismo, se dice el nombre, de qué familia proviene y los servicios que ha hecho a la comunidad. Debe haber consenso para los votos”, comenta Ariel García, vicealcalde de la zona 3 y secretario de la Junta Directiva. “El cashcol es un servicio sufrido, algunos ahorran con tiempo para cuando les llegue el momento, pues hay que dejar el trabajo, cada quien ve cómo lo logra. Cada Alcalde es distinto: el año pasado había unos que cambiaron hasta su forma de vestir, hablaban del abuelo Sol y la abuela Luna, de los nahuales; pero el puesto no pelea con las religiones, así que no deberíamos cambiar”, concluye el promotor deportivo, hoy secretario de los 48 cantones.

Cada año, la nueva Junta Directiva que asume el puesto debe seguir “las consignas”, que son instrucciones, normas y obligaciones basadas en valores culturales de los k’iche’s y transmitidas oralmente por las autoridades salientes.

Además, comenzarán nuevas cruzadas, llevarán juicios en los tribunales estatales, realizarán actas, comunicados, peticiones, demandas y solicitudes como ahora, que se dirigen a la Municipalidad a exigirle a Miguel Chavaloc, alcalde en funciones de Totonicapán, que los apoye en el cuidado de los boques y que destituya a dos empleados acusados de apropiarse de unas varas.

Van juntos de un juzgado a otro, o de la Municipalidad de Totonicapán a Gobernación. En todas las entidades del Gobierno son bien recibidos y tratados con respeto.

La jornada termina tarde en la Casa Comunal de la Asociación de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Chwimiq’in’a, donde discuten las actividades del día, concluyen y afinan detalles sobre los próximos pasos en una asamblea abierta. Todos aportan ideas, algunos lo hacen en k’iche’, otros en español y otros mezclando ambos idiomas.

La relación con los otros

Los alcaldes comunales no siempre caminan en grupos. Sobre todo fuera del casco urbano, el trabajo es diferente. Ellos resuelven casos más sencillos, de violencia intrafamiliar, robos, levantan actas de defunción o nacimientos, concretan proyectos de salud y educación. Además, ven todo lo relacionado con los cementerios, los caminos, los mojones y los ojos de agua.

También contribuyen a mantener activos los 1,200 nacimientos de agua que enriquecen el afluente hídrico de los ríos Chixoy, Motagua, Samalá y Nahualate, y alimentan toda la cuenca del lago de Atitlán. Totonicapán es, además, el único departamento donde el agua es negocio comunitario, pues es entubada y distribuida por ellos mismos.

Eso explica por qué en 2005 una manifestación convocada por los Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán reunió a miles de personas que presionaron para que la iniciativa de ley de aguas no se aprobara en el Congreso, ya que, según ellos, afectaba su derecho como pueblos indígenas a administrar sus recursos hídricos.

“Llevamos algunos casos donde defendemos a ex alcaldes comunales acusados de coerción, ya que ellos acostumbran cortar el servicio de agua como sanción o medida de presión para que los acompañen en las manifestaciones. Por eso, a veces los mismos alcaldes resultan procesados. “Esto debilita las alcaldías indígenas”, comenta la abogada Dora García Ajucum, en su despacho de la Defensoría Pública Penal.

Ante la opinión de que suspender el servicio de agua como sanción viola los derechos humanos, María de los Ángeles Hernández, ex alcaldesa de esa red de cantones, se expresó así: “Los alcaldes comunales gozamos de credibilidad, llenamos las expectativas de la población, por eso no nos importa si las autoridades estatales están de acuerdo o no con nuestras sentencias”.

En esa ocasión (un seminario de derecho indígena) la ex alcaldesa de Zona Independencia aseguró que la capacidad de autogestión de los 48 cantones es histórica y que se debe en parte a la difusión que consiguen por medio de los alguaciles.

Esa difusión es la que añoran otras instituciones. El Ministerio Público (MP), por ejemplo, ya que antes le correspondía a la autoridad indígena llevar las citaciones de los juzgados a los pueblos. Ahora son los policías quienes deben hacerlo, pero como no conocen a la gente, ni el idioma, ni los parajes, ni los caminos, se les dificulta mucho más.

Hugo Pérez, fiscal del MP, asegura que han trabajado varios casos con los alcaldes comunales y que es más lo que ayudan que lo que friegan. “Hemos aprendido a convivir con los dos derechos, pero falta una regulación clara sobre los casos que pueden conocer los alcaldes indígenas y los que no, ya que no existe unidad de criterio al respecto”. Además, considera que no se pueden hacer acercamientos o capacitaciones entre ambos sistemas, ya que los alcaldes comunales solo están un año en los puestos, y entonces no vale la pena el esfuerzo.

“No hay cohesión entre una gestión y otra, a pesar del período de transición de mando. Nosotros conseguimos fondos, logramos capacitaciones, trabajamos con la Unión Europea, pero la autoridad actual no quiso seguir esa misma línea pues piensan que la organización podría desnaturalizarse”, comenta Carlos Soch, de la Junta Directiva de los 48 Cantones de 2006.

Para evitar que los espacios ganados por algunas autoridades se pierdan cada año, surgió la idea de formar un Consejo Consultor del Pueblo Indígena de Totonicapán, conformado por autoridades pasadas. “Es para darle seguimiento al liderazgo que ha surgido y para que los procesos buenos no se interrumpan”, explica Pedro Ixchíu, del Instituto de la Defensa Pública Penal y coautor de un libro sobre la alcaldía comunal.

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