El reto del TSE

Las últimas encuestas no dejan lugar a dudas: la distancia entre los dos candidatos punteros, Álvaro Colom y Otto Pérez se acorta. A seis días de los comicios, resulta imposible adivinar quién de ellos logrará conquistar más votos en las urnas. De lo único que podemos estar seguros es que estas elecciones van a poner a prueba al Tribunal Supremo Electoral.

Ojalá los venerables magistrados estén conscientes de la volatilidad del momento político, pues en sus manos descansa la autoridad para velar porque la ley se cumpla y la voluntad ciudadana se respete. Varias circunstancias son las que preocupan a los observadores internacionales y las ONG guatemaltecas, pues plantean dificultades que el TSE deberá atajar con contundencia para que la “fiesta cívica” no se convierta en un pleito de cantina con nutrido intercambio de botellazos.

Para comenzar, de las 13 mil mesas receptoras de votos, hay 5 mil nuevas diseminadas en el territorio nacional, en la Guatemala profunda. En otras palabras, de cada diez mesas, cuatro no existían en las elecciones pasadas y requerirán de un esfuerzo titánico de logística y supervisión para evitar que se conviertan en el epicentro de anomalías o disturbios.

En la mayoría de lugares donde se encontrarán estas nuevas mesas, los caminos de terracería son malos, las comunicaciones irregulares y la presencia policial escasa. Además, la gente no tiene mucha paciencia y suele ir a buscar un tambo de gasolina cuando sospecha que sus derechos pueden ser violentados. Un rumor malintencionado podría bastar para que una de estas comunidades arda en una pira que no alcanzamos siquiera a imaginar.

Las autoridades han identificado unos 60 municipios conflictivos. La posibilidad de que varios alcaldes y diputados con merecida fama de corruptos resulten electos nuevamente, gracias a las estructuras clientelares del sistema, pueden provocar revueltas populares de grueso calibre. Lo ocurrido hace apenas unos días en Cubulco, Baja Verapaz, donde una turba enfurecida estuvo a punto de linchar a un alcalde del Partido Patriota (PP), que se postula a la reelección debería servir para que los magistrados del TSE y las fuerzas de seguridad pongan las barbas en remojo.

Las maniobras electoreras de última hora, como la “movilización” de “bases de apoyo” o la repartición de almuerzos y regalos, constituyen otro foco de descontento. En elecciones pasadas hemos visto explosiones de violencia cuando la gente descubre los “reductos” clandestinos donde los partidos desarrollan este tipo de tácticas.

El empate técnico que profetizan las encuestas entre la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el PP solo viene a atizar el polvorín. Embriagados por el olor de la guayaba –que ya les llena desde las narices hasta los alvéolos– Colom y Pérez Molina van a dar la batalla por cada voto que puedan reclamar. Donde quede un resquicio para impugnar, los partidos van a accionar legalmente.

Y para colmo de males, recordemos que en estas elecciones los peligros no provienen solamente de las rivalidades tradicionales entre los partidos políticos. A nivel local convergen otros actores, como los capos del crimen organizado, quienes directa o indirectamente están participando en la contienda y no les tiembla el pulso para resolver sus diferencias a punta de plomo.

Desde el retorno a la democracia en 1985, el TSE ha sido una de las pocas instituciones con credibilidad del Estado de Guatemala. La honorabilidad y la eficiencia de quienes le dieron vida al Tribunal han servido de pilar a nuestra democracia. Sin embargo, no se puede vivir de glorias pasadas. En los últimos años el desempeño del TSE se ha deteriorado en forma notoria, al punto de que en esta campaña los magistrados se mostraron incapaces de obligar a varios candidatos a cumplir con reglamentos básicos de la ley electoral, como la moratoria para el inicio del despliegue de propaganda.

Los magistrados no deberían permitir que la crisis organizacional que están sufriendo dé pie a cuestionar la legitimidad de los comicios. Lo más importante quizá es que los magistrados se esfuercen en coordinar el trabajo el día de las elecciones y en mantener un flujo constante de información. El silencio y los retrasos podrían generar una incertidumbre que debe evitarse a toda costa. Por el bien de Guatemala, es de esperar que el TSE demuestre estar a la altura de su misión y que una vez concluidas las elecciones, los magistrados tengan la madurez y la sabiduría de enfrentar los problemas de fondo de la institución.