Los partidos proponen desde una reforma agraria hasta una mera reorganización institucional.
Enrique Naveda
El asunto es espinoso como los montes de Zacapa: el debate acerca de cómo lograr el desarrollo rural. Recientemente, tres expertos (Carlos Cabrera, de Desarrollo Comunitario S.A.; Luis Linares, de Asies; y Virgilio Reyes, de Flacso) nombraban en el Diagnóstico de País de ‘elPeriódico’ varios problemas clave: la dispersión institucional, la politización de organizaciones comunitarias, el uso equivocado de la tierra y la dificultad de los campesinos para conseguirla, con el convencimiento de que la situación del país es mala comparada con el resto de Latinoamérica.
Las propuestas de los partidos en este tema varían un poco más que en otros.
La URNG plantea, y es el único, una reforma agraria. Miguel Ángel Sandoval propone crear un impuesto sobre las tierras ociosas de gran extensión (“no hablo de la tierra que la gente tiene en las uñas”, bromea). Sería progresivo y de acuerdo con el valor de mercado, no del declarado en libros.
Además, sería indispensable, dice, trasladar al campesino todas las tierras mal habidas, las que deberían estar en manos del Estado. El crédito procedería de varios fideicomisos, como el de los cafetaleros, que según él, no se mueven y solo benefician a los bancos.
Además proveerá apoyo técnico con la resurrección del Instituto de Ciencia y Tecnología. Intentará disminuir las redes de intermediarios y el Estado se encargará de asegurar los precios de garantía para los campesinos.
Cuatrocientos mil empleos
El plan de la Gran Alianza Nacional (Gana) menciona siete puntos. En el primero, la coordinación interinstitucional destaca el impulso de una ley marco de desarrollo rural que siga las líneas del Plan Visión de País y la reforma de Fonapaz, Foguavi, Fodigua y otros. Además de fortalecer los consejos de desarrollo urbanos y rurales, la Gana planea ordenar el territorio en función de las actividades económicas más rentables, y ampliar la cobertura del programa de crédito Dacrédito. Con ello, pretenden aumentar las exportaciones no tradicionales que generen hasta 400 mil empleos.
Aunque el candidato presidencial del partido, Alejando Giammattei, alegó no poder explicar el programa por falta de tiempo, se puede leer en el documento que ampliarán la infraestructura vial.
Sus objetivos, para 2021, consisten en un incremento de la inversión de un 60% en este rubro.
Luis Fernando Montenegro, candidato a la vicepresidencia por Encuentro por Guatemala, explica que en los próximos cuatro años su idea es fortalecer el agro. Para ello, trabajarían en mejorar las semillas e investigar nuevos mercados y tecnologías, por un lado; y por otro, tratarían de resolver los conflictos de propiedad de tierra con un catastro terminado. En ningún caso habría expropiaciones, explicó.
Su idea se completa con el fortalecimiento de las mipymes, cooperativas y el Fondo de Tierras, la construcción masiva de vivienda rural y una gran inversión en infraestructura cuyo costo, declaró, están calculando. “Sería absurdo prometer la industrialización del campo cuando, para eso, se necesitan grandes inversiones de energía eléctrica”, manifestó, “lo que hay que hacer es parar la migración ofreciendo trabajo”.
El mayor presupuesto de la historia
René de León, el experto del Partido Patriota, indicó que el tema es muy complejo y que todo está en el plan de gobierno. Y es cierto en parte, por ejemplo, que se dice que trabajarán fuerte para cerrar las brechas entre las urbes y los pueblos; y que destinarán el mayor presupuesto en la historia de Guatemala al desarrollo rural y el combate a la pobreza. Pero ni se menciona cuánto, ni de dónde saldrá. Los patriotas insisten en que es necesario despolitizar los consejos de desarrollo, legalizar la tenencia de la tierra, potenciar la investigación científica, adecuar el uso de la tierra a su vocación; y proponen crear un sistema de desarrollo rural para que las instituciones se coordinen.
Las mipymes desempeñarán, en un hipotético gobierno del PP, un papel esencial. Y para impulsarlas se robustecerá la banca de desarrollo y se recurrirá a organismos y países cooperantes para conseguir dinero a bajo costo.
En el plan de la UNE, muy sucinto en este apartado, destaca la intención de convertir los acuerdos nacionales e internacionales en políticas prioritarias de Estado, además de aumentar la inversión del gasto social público, impulsar un mecanismo financiero que asegure intereses bajos y lograr que sean los municipios los que formulen sus estrategias de combate a la pobreza.
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