El recurso del fraude

Desde que se instaló el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en nuestro país, en 1983, progresivamente se han venido reduciendo las posibilidades de fraude electoral, aunque siempre está latente en la mente de la gente.

Antes del 30 de junio de 1983, el fraude electoral fue la norma en Guatemala. En 1974, el Gobierno de Carlos Arana fraguó y consumó uno a favor del presidenciable oficialista Kjell Laugerud, en 1978 el régimen de Laugerud, a su vez, perpetró el fraude a favor del candidato presidencial del oficialismo, Romeo Lucas, y en 1982 el Gobierno de Lucas García gestó el fraude que convertiría en Presidente de la República al también presidenciable oficialista Ángel Guevara. Esta cadena de fraudes electorales fue interrumpida por el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, que impidió la llegada al solio presidencial de Guevara.

El TSE fue creado mediante el Decreto Ley 30-83 (Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral), con funciones autónomas, jurisdicción en toda la República y sin sujeción a ninguna autoridad u organismo del Estado. El primer TSE se integró con cinco magistrados titulares elegidos por la Corte Suprema de Justicia y fue presidido por el incorruptible Arturo Herbruger Asturias.

Nunca se cuestionó la integración del TSE hasta que en el año 2002 la aplanadora azul del FRG en el Congreso decidió elegir como magistrados a abogados que estuvieran comprometidos con inscribir a Efraín Ríos Montt como candidato presidencial en el año 2003 (al igual que ocurrió con la Corte de Constitucionalidad). Sin duda, este manoseo político trajo como consecuencia la integración de un TSE mediocre y con poca credibilidad.

De esa cuenta, el TSE, en vez de fortalecerse institucionalmente, se ha debilitado al extremo que diputados y partidos han faltado al respeto a sus magistrados e, incluso, han hecho caso omiso de sus resoluciones sin ninguna consecuencia. Sin duda, la reciente suspensión de las elecciones en dos municipios (Chinautla y San Pedro Ayampuc), debido a irregularidades en el padrón electoral, ha causado alguna preocupación, aunque se trata de municipios que recurrentemente han dado problemas.

No obstante, algunos políticos ya están anticipando un fraude electoral a gran escala. No hay prueba alguna de esto y más bien suena a justificación de una eventual derrota electoral. En todo caso, si bien no existen indicios de mala fe en la autoridad electoral, sí se evidencia incapacidad, lo que podría redundar en irregularidades, aunque no generalizadas, que pudieran servir para hacerle el juego a los derrotados de la jornada electoral. Ojalá que las anomalías minimicen para evitar suspicacias.

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