No puede haber una verdadera paz, sin justicia. Y la falta de una verdadera paz equivale a inseguridad. Por tanto, la justicia pronta y cumplida es vital para alcanzar la anhelada seguridad ciudadana. Un sistema de administración de justicia confiable que descanse, entre otros aspectos, en la imparcialidad e independencia de los jueces, es una de las claves para no tener un Estado fallido.
Pero ¿qué cosas dependen de un Presidente que puedan tener incidencia en el fortalecimiento del sistema de justicia? Contar con una Policía Nacional Civil confiable, capaz de mantener la paz y el orden y de capturar a los delincuentes; así como apoyar la investigación criminal, son cosas que podrían depender del próximo Presidente. También dependería del Ejecutivo empezar a construir un sistema penitenciario moderno, incorruptible y re–habilitador. Y la otra cosa en la que podría incidir el Presidente y su Gabinete económico es en mejorar significativamente la inversión de los ingresos fiscales no solo en la reconstrucción de las fuerzas preventivas de seguridad ciudadana y en el sistema penitenciario, sino en hacer una más adecuada propuesta de asignación presupuestaria para el resto del sistema de administración de justicia, compuesto principalmente por el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Claro está que el presupuesto finalmente lo decide y asigna el Congreso, pero el Presidente necesita lograr acuerdos de gobernabilidad con las bancadas de los otros partidos políticos en el Legislativo para materializar este cometido. No nos engañemos, por favor. Sin el fortalecimiento de la administración de justicia es imposible obtener seguridad ciudadana real y sostenible. Por lo tanto, uno de los elementos que más deberíamos conocer para hacer nuestra elección en la segunda vuelta es saber qué proponen en estos temas la UNE y el PP. Ofrecer acabar con la inseguridad en plazos brevísimos, simplemente es una quimera, a menos que se esté pensando conseguirlo por métodos cavernarios y represivos. Hace menos de un mes, la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios denunció serias debilidades en los servicios de administración de justicia y por ende la gran deuda que la justicia tiene con el desarrollo integral y equitativo del país.
Mejorarla significa grandes esfuerzos de muchos sectores, empezando por las facultades de Derecho. Pero el próximo Presidente sí tiene una corresponsabilidad en apoyar decididamente la administración de justicia.
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