Una ley de extradición que hace temblar a los narcos

Ricardo Augusto Morán Molina es su nombre. La mayoría de guatemaltecos no lo identifican, pero para el Gobierno de Estados Unidos es un viejo conocido. En la actualidad, él, junto a otras 19 personas, son reclamados por ese país para ser extraditados y enfrentar la justicia por el delito de narcotráfico. Sin embargo, la ausencia de una ley que regule esa materia tiene los procesos empantanados.

En países como Colombia, el proceso de extradición dura aproximadamente tres meses, mientras que en Guatemala no hay límite de tiempo; puede durar más de cinco años.

El requerimiento de la normativa de extradición ha sido solicitado por el Gobierno de Estados Unidos en más de una ocasión. Hasta hace poco había sido ignorado, pero ahora, un proyecto de ley que pretende enviar narcotraficantes en 15 días se encuentra en manos del Congreso de la República.

Uno de los objetivos principales de la ley es limitar el uso de recursos de amparo y acortar los tiempos del proceso. No se aplicaría únicamente en casos de narcotráfico, sino en cualquier delito cometido en EE.UU.

De tener luz verde la iniciativa, la solicitud de extradición debe ser girada al Ministerio Público (MP), o bien, a este, a través de la Cancillería. La Fiscalía tendrá cinco días para presentar la solicitud al juez, quién deberá resolver en no menos de 10 días ni más de 15 si procede.

El único recurso que cabría, de ser dada con lugar la extradición, es el de Apelación, que debe también tener respuesta en no más diez diez. Al ser cumplidos estos pasos y si no existen violaciones a la Constitución se puede ejecutar la misma.

En Colombia, la extradición a Estados Unidos de traficantes de drogas se ha convertido en algo “rutinario”, desde que esa nación repuso en 1997 la Ley que autoriza las extradiciones. Solo en 2004 fueron llevadas más de 60 personas a ese país.

Un país de trámites

En Guatemala, los trámites de extradición requieren de procesos amplios y complejos, debido a que los abogados utilizan recursos para retrasarlos.

Otro tema que preocupa a los estadounidenses es que las cárceles guatemaltecas no ofrecen garantía 100 por ciento seguras para evitar la posible fuga de los implicados en narcotráfico. Prueba de la vulnerabilidad del sistema penitenciario es la fuga de 19 reos de la cárcel de alta seguridad El Infiernito, Escuintla, el 22 de octubre de 2005.

Mario Fuentes, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, señala que es importante llenar el vacío legal que existe en el tema de las extradiciones, pero que se debe ser muy cuidadoso para no sobrepasar la Carta Manga.

Un camino difícil
de transitar

Sin embargo, la aprobación de una ley de extradiciones durante la presente legislatura es un hecho casi imposible. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia envió hasta el pasado 11 de septiembre el proyecto al Congreso; y por el otro, los diputados difícilmente le darán vida a un decreto de esa naturaleza, ya que solo sesionan una vez por semana, pues en estos momentos el interés de los políticos se encuentra centrado en la contienda electoral, resalta Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.

Eliú Higueros, presidente de la Corte Suprema de Justicia, sostiene que el proyecto de ley se demoró en ser enviado al Legislativo debido a que fue analizado durante varios meses.

Además, reconoce que han existido muchos atrasos para tener un documento final. Uno de ellos es la de evitar que la Ley contravenga la Constitución.

Desde hace más de 15 años no se realizaba ninguna extradición en Guatemala. La última fue la del ex alcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas. Sin embargo, hace apenas cinco meses –en marzo pasado– Javier Oswaldo Reyes Armas y Luis Alberto Lemus Ramírez fueron llevados a Nueva York, donde enfrentan cargos por conspiración para exportar, distribuir y contribuir al trasiego de drogas.

En estos momentos, Guatemala tiene tratados de extradición con Bélgica, España, Estados Unidos, Gran Bretaña y México.


Pulso y debate en el Congreso

Iniciativa de ley ya se encuentra en el Organismo Legislativo.
Si por algo se ha caracterizado la actual legislatura es por los señalamientos en contra de varios diputados, aparentemente vinculados al crimen organizado.

De hecho, quedó descubierto cuando fue aprobada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), instancia que tendrá como una de sus funciones principales ayudar a la investigación de Aparatos Clandestinos que se mantienen en la impunidad.

La creación de la CICIG tuvo un fuerte rechazo de partidos como el Frente Republicano Guatemaltecos (FRG), quienes argumentaron que viola la soberanía del país.

Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), dice que temas como el de la extradición también va a generar un amplio debate. “Es obvio que el crimen organizado se encuentra enraizado en el Legislativo”, sostiene.

En el Organismo Judicial se encuentra pendiente que se nombre juez pesquisidor para investigar a congresistas que podrían tener nexos con el crimen organizado, entre ellos, el ex diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ahora independiente, Manuel Castillo, por sus supuestos vínculos con la muerte de tres diputados salvadoreños.

Héctor Loaiza, legislador del Partido de Avanzada Nacional (PAN), es señalado de tener vínculos con una banda de robo de combustible.

El retraso del envío de la iniciativa al Legislativo no será el único obstáculo para que sea aprobada. En el Congreso se espera un amplio y fuerte debate sobre el tema.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, externó que un proyecto de esa naturaleza siempre tiene puntos a favor y en contra. “Nosotros estamos dispuestos a apoyarla, porque servirá para reducir el crimen organizado en el país”, indica.

Por otro lado, el legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Eduardo Meyer, ve con buenos ojos que se apruebe una ley de extradiciones, aunque ve difícil que sea discutida durante la presente legislatura.

De nuevo, uno de los partidos que se podría oponer es el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), tal y como lo hizo con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“Debemos estudiar muy bien el contenido de la iniciativa y de esa forma evitar que contravenga leyes nacionales; además, que no viole la soberanía nacional”, indicó el diputado de esa agrupación, Arístides Crespo.

Fuentes del Legislativo resaltan que al momento que la ley sea discutida y analizada, quedará en evidencia quiénes son los que se oponen a la normativa y los intereses que tienen para hacerlo.

Los acuerdos con EE.UU.

>Guatemala tiene 2 acuerdos de extradición con ese país, el primero data de 1903 y el segundo de 1940.
>En la actualidad, 20 personas son solicitadas por tribunales norteamericanos por narcotráfico; de ellos, tres son de nacionalidad colombiana.
>Los casos deben ser resueltos por los tribunales Tercero y Quinto de Sentencia Penal, los cuales tienen la potestad para resolver los casos de extradición.
>También se gestiona la detención de 14 personas sindicadas de asesinato, violación y homicidio. Algunos de los casos se tramitan en tribunales de Mazatenango, Escuintla y Villa Nueva.
>José Eduardo Cojulún, presidente del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, resalta que muchos de los procesos no avanzan por los recursos que la defensa utiliza; sin embargo, son enmarcados en la Ley.

Uñas Acrílicas + Pedicure Spa + Masaje de Piernas y Pies, Tratamiento y Peinado en Le Novo Salón Por Sólo Q.240

Q.240

50%

Descuento

Q.480

Valor