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Empieza la semana y hace frío en el moderno Complejo Judicial de Quetzaltenango. En el tercer nivel del edificio de cuatro pisos, donde se ubican juzgados del ramo penal, el juez Manolo López se prepara para escuchar la declaración de un hombre detenido hace cuatro días. Ingresa a la sala de audiencias del Juzgado Tercero de Instancia Penal, sube al estrado y se sienta en su escritorio, donde descansa una estatuilla de la dama de la justicia. En ese momento verifica que el encargado de grabación se encuentre listo y que el CD contenga los datos del proceso, chequea que se encuentren el sindicado, su defensor y el fiscal del Ministerio Público (MP). “Buenos días a todos,” habla el juez, “se les indica que todo lo que aquí pase quedará grabado”.

Un anuncio inusual en los juzgados: toda la audiencia quedará convertida a formato digital de sonido. Hasta el momento lo normal es que las audiencias transcurran frente a oficiales que escuchan y apuntan todo lo que sucede en los juzgados, diligencias que pueden dilatar incluso cuatro horas, para luego convertirse en tediosos relatos transcritos en decenas y cientos de hojas de papel, que dan forma a voluminosos expedientes.

El Proceso Penal por Audiencia, un novedoso método bajo el cual labora el juez López, fue implementado en 2005 en el Organismo Judicial de Quetzaltenango, y a dos años después sus usuarios dicen que es la aplicación de justicia en cuestión de minutos.

El caso de Jesús De León, un hombre de 38 años, es un ejemplo de ello. El juez López se sienta a escuchar los hechos: la Policía lo capturó un miércoles bajo acusación de que había ingresado droga a la cárcel de la Comisaría de San Miguel Sigüilá, Quetzaltenango, en una cajita de cigarros, en la que los custodios encontraron dos puros aparentemente de mariguana.

El detenido le explicó al juez que él había llegado al lugar a ver a un amigo y que los agentes le habían pedido Q600 para dejarlo salir. Él no accedió, entonces lo golpearon. Su voz era convincente, la forma en que contó los hechos parecía fundamentada, el relato se mostraba consistente: sobre todo cuando mostró al juez los golpes. El propio MP retiró los cargos y en cuestión de 10 minutos el hombre recuperó su libertad.

Mientras se realizaba esta diligencia, en otro Juzgado de Instancia Penal ingresaba una llamada telefónica de un abogado solicitando una audiencia . Una vez revisada la agenda, el asistente del juzgado le informó que había espacio para celebrar la diligencia en una hora y media, simultáneamente se informaba a la Fiscalía y Sistema Penitenciario el traslado del prisionero de ese caso.

Esta era la tercera vez que Ronald José Alvarado Martínez era trasladado al Juzgado Primero de Instancia Penal para solicitar su libertad, pero al no ser capaz de demostrar un domicilio fijo, que vivía establemente en una casa, era imposible que el juzgador lo beneficiara con arresto domiciliario.

Era acusado por el robo de un celular. “Yo pido mi libertad porque no tengo nada que ver con esto”, dijo Alvarado ante la jueza Silvia Ruiz. En 15 minutos ella decidió dejar al muchacho en libertad, bajo responsabilidad de sus padres.

Lo obligó a presentarse dos veces diarias ante el MP mientras concluye la investigación.

El mismo método oral en esta fase, mientras se desarrollan las investigaciones, se aplica en juzgados de Huehuetenango, Totonicapán y San Marcos. Bajo este sistema, los jueces tratan de emitir en el menor tiempo su decisión, tratan de que cada caso no exceda las dos horas para así poder celebrar al menos 30 audiencias diarias. El cambio implicó que en cada uno de los juzgados de ese municipio y los oficiales asumieran la función de asistentes judiciales, un asistente funge como comunicador. A ellos se les encomienda la función de llevar el control administrativo de los casos, agenda y atender al público.

La justicia se resume ahora en un CD

Los gruesos expedientes, formados por centenas de hojas, que terminaban aglomerados en estanterías en cada juzgado, se han sido reducidos ahora a un CD. En raras ocasiones, solo en determinadas diligencias, usan papel.

Los discos son colocados en carpetas que tienen capacidad para archivar incluso 200 casos. Cada disco es identificado con el número de expedientes, el juzgado, nombre de procesado y delito.

El proyecto en sus inicios no fue del agrado de abogados privados ni de los defensores públicos, quienes preguntaban si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le daría un reproductor de CD a cada acusado. Era, desde su óptica, la principal desventaja. También argumentaban que si no estaba escrito, el caso no existía. Temían además la posibilidad de que alguien alterara la grabación, de la falta de energía eléctrica, un cortón del fluido eléctrico, e incluso se preguntaban qué pasaría si un virus o los temidos hackers penetraban la computadora del juzgado.

Los juzgadores refieren que en efecto existe ese temor pero que empezaron a trabajar bajo el nuevo método, no han tenido complicaciones.

“Hemos trabajado con la celeridad que la gente espera. Antes el sistema escrito se prestaba para anomalías”, cuenta Silvia Ruiz, juez primero de instancia penal, quien inició el proyecto.

Juicios en tiempo “express”

Con este proyecto también se ha reducido el tiempo en la calendarización de los juicios en Tribunales de Sentencia, los que según cálculos de los juzgadores se programan en menos de un mes después de que el tribunal recibe el caso. Y algo más ha cambiado y es mucho más notorio a simple vista: “Se reduce la utilización del papel, solo se usa lo indispensable. Ahora lo que era una sentencia de 50 hojas o 150 es reducida a un disco y calculamos que una persona, después de detenida, llega a juicio en menos de ocho meses, cuando antes podía esperar hasta dos años”, explica Patricia Lainez, jueza del Tribunal Primero de Sentencia de ese lugar.

La magistrada de la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango, María Eugenia Villaseñor, explica que con este proyecto se reduce el tiempo en emitir una resolución de una apelación de cualquier caso en comparación con las salas de Guatemala. Ella señala además que para resolver un recurso en el cual se alega, por ejemplo, una violación de un derecho, ellos pueden emitir fallo en 20 días, mientras que el resto de salas pueden tardar hasta 60 días.

Sucede lo mismo con las apelaciones: ahora pueden resolver en un plazo promedio de dos meses comparados con los cinco meses bajo el método usual.

Según la experiencia de Eduardo Cabrera, un abogado litigante en la ciudad, estos procedimientos permiten resoluciones más prontas. El método, según él, goza de una ventaja más: la discusión de un caso permite observar las capacidades del juez, quien se involucra directamente con los testigos, el sindicado y los abogados, tanto acusadores como defensores. “Nos beneficia debido a la transparencia y a la prontitud con la que se resuelve “, señala.

El juez Manolo López es sin duda quien puede formular de mejor manera las comparaciones, ya que fue trasladado hace dos meses de un juzgado ubicado en la capital a Xela. La ventaja de este modelo de trabajo es la rapidez, no obstante el juzgador también subraya la gran desventaja de que un prisionero no tenga acceso a un reproductor de CD y, por ende, no lleguen a sus manos los fallos que les afectan. “Pero esto se puede corregir con una buena explicación en el momento de las audiencias”, refiere.

Las autoridades judiciales, aunque no dan cifras exactas sobre el ahorro, comparan la suma que deben invertir cuando compran 500 hojas tamaño oficio por Q38 y lo que pagan por un CD, un gasto promedio de Q4.

La jueza de Jutiapa, Ericka Farfán Ávila, informó en agosto a la Corte Suprema de Justicia que el personal de esa judicatura había decidido adquirir el equipo informático para aplicar el mismo sistema que Quetzaltenango en esta juzgado. La decisión del personal se basó en la falta de apoyo de dotarlos con este equipo, el mismo que desde 2005 se ha solicitado para implementar el sistema de audio en 50 judicaturas.

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