Fujimori será juzgado

La Corte Suprema de Chile accedió a la solicitud de extradición del ex presidente peruano, Alberto Fujimori, que formuló el Estado de Perú. La justicia chilena decidió extraditar a Fujimori por 5 delitos de corrupción y por 2 de violación de los derechos humanos. Los primeros conllevan penas de entre 6 y 10 años de prisión, mientras que los delitos de lesa humanidad están sancionados hasta con 30 años de cárcel.

La decisión de extraditar a Fujimori, adoptada por la justicia chilena, se ejecutó inmediatamente. Tanto es así que, el sábado pasado, el ex gobernante fue remitido a Perú, para su juzgamiento penal ante los tribunales de ese país.

Como se recordará, en 2000, Fujimori se refugió en Japón (aprovechando que ostenta también la nacionalidad nipona) tras renunciar al cargo de Presidente de Perú, hecho que fue el acto final de un régimen autoritario y abusador que duró una década (1990-2000). Previamente, Fujimori había perpetrado un fraude electoral y había estallado el escándalo de los “vladivideos”, como se conocen los videos ordenados por Vladimiro Montesinos, asesor de seguridad de Fujimori, que pusieron en evidencia la endémica corrupción en que había caído el régimen fujimorista.

Sin duda, el juzgamiento de Fujimori en Perú, después de un exitoso proceso de extradición, ha sentado un sano precedente en América Latina, donde lo común había sido brindar protección ilimitada e indebida a ex gobernantes de otros países, sindicados de graves delitos comunes (genocidio, lesa humanidad, corrupción y demás) y no políticos.

El Estado de Guatemala ha venido intentando, sin éxito, la extradición de dos ex gobernantes sindicados de la comisión de graves delitos de corrupción, Jorge Serrano (1991-1993); y Alfonso Portillo (2000-2004). El primero se encuentra refugiado en Panamá y el segundo en México. Tanto Serrano como Portillo viven un exilio dorado, gozando de sus millones mal habidos, a la espera de que la amnesia ciudadana los exonere de culpa. Ojalá que las justicias mexicana y panameña hicieran caso omiso del nauseabundo tráfico de influencias a favor de Serrano y Portillo, y siguieran el ejemplo de la chilena.

Por cierto, ha trascendido que ex funcionarios de los gobiernos de Serrano y Portillo están muy activos en la actual coyuntura político-electoral, con el encargo de negociar la impunidad de aquellos, aprovechando, por supuesto, la participación política de amigos y allegados. ¡Qué tal! No en balde ambos ex gobernantes han comenzado a expresarse públicamente, por lo menos, en contra de los candidatos que no les parecen o satisfacen. “Cosas veredes, Sancho, que harán temblar las paredes”.

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