Guatemala, lunes 01 de octubre de 2007 - 12:10 horas
Opinión:Negocio público, negocio privado¿Por qué el Estado, que nos representa a todos, no puede ser socio de empresas rentables? Por: Juan Luis Font 
Más de una vez oí decir a Ricardo Bueso que si sus planes de manejo de la compra de Telgua hubieran progresado de la manera que él pretendía, una parte de las acciones de la telefónica pudieron haber sido compradas por el IGSS. El seguro social se hubiera beneficiado, cree él, de invertir un porcentaje del dinero de sus cotizantes en una empresa administrada por particulares, con amplios márgenes de rentabilidad. En lugar de eso, la antigua Guatel es hoy propiedad de Telmex, y sus rendimientos –garantizados en buena medida por el modelo privatizador– benefician en exclusiva al emporio del hombre más rico de México y el mundo. Bien por él, menos bueno en cambio para Guatemala.
En teoría, el Estado de Guatemala también podría haberse beneficiado de la explotación del níquel en el yacimiento que se encuentra en la rivera norte del lago de Izabal, pero una decisión administrativa del actual Gobierno puso freno a esta posibilidad. A ninguna instancia pública, léase la Contraloría de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación o la propia Fiscalía General parece motivarla establecer si esto ocurrió para beneficiar intereses privados, lo cual tendría que ser punible. Más allá de eso se dan muestras de conformidad con el hecho de que al Estado se le haya dejado al margen de un negocio que pudo serle rentable. ¿Quién vela por los intereses nacionales en este plano? ¿Los mismos funcionarios que en otro momento administran el capital de los dueños del país? ¿Sus abogados? Hay una promiscuidad que obra en perjuicio del interés común, entendido como el beneficio de las mayorías y no sólo como la salvaguarda del patrimonio de unos pocos. Revisen lo ocurrido con la antigua Aviateca tornada en rentabilísima TACA. Las acciones que el Estado había conservado en esa empresa fueron menguadas en perjuicio general. Igual sucede con las concesiones recientes de explotación minera. El oro que se extrae del lindero entre Huehuetenango y San Marcos, o el que habrá de extraerse de Jutiapa, deja grandes ganancias a inversionistas privados (lo cual es legítimo) e impuestos y contribuciones para el país, pero también podría dejar una rentabilidad mayor si el Estado de Guatemala o las municipalidades en cuya jurisdicción se encuentran los yacimientos, pasaran a formar parte del cuerpo de accionistas. Xalalá, el proyecto hidroeléctrico más ambicioso previsto hoy, sale a licitación en estos días. ¿Con cuánto habría de quedarse el Estado concesionario de la obra? Es obvio que sobre nuestra dirigencia política priva una visión reduccionista de lo que es el papel del Estado a la hora de conceder, de entregar, bienes públicos y oportunidades lucrativas y onerosas para desarrollar inversiones de interés nacional. La ideología dominante sostiene que el Estado es un pésimo administrador de empresas –lo cual es penosamente cierto en Guatemala, mas no por ejemplo en Costa Rica–. Pero de ahí a rechazar las oportunidades que permitirían al Estado beneficiarse de los negocios que propicia, resulta extremista, drástico y por supuesto idóneo solo para los intereses de quienes han acumulado capital. El mercado, con todas sus maravillas, tiene que beneficiar al país en su conjunto. Agregar comentario: |
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