Competitividad y sostenibilidad financiera

En el reciente Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) participé en un taller coordinado por Felipe Larraín acerca de las prioridades para mejorar la competitividad, dar sostenibilidad al crecimiento y consolidar el desarrollo económico y social del país. Los temas señalados al inicio fueron los relativos a la profundización del sistema financiero, la infraestructura, la innovación y la informalidad, y entre los participantes se encontraba un buen número de honorables actuales y futuros diputados, por lo que fue inevitable la referencia a iniciativas de ley por llegar y actualmente en trámite en el Congreso. Al respecto expresé que debía otorgarse importancia significativa al acompañamiento que el sector político debe realizar en todos los temas relacionados con la modernización de la economía y de la sociedad, pues los avances en algunos temas cruciales dependen de que este importantísimo sector alcance consensos que viabilicen procesos, entre otros, la conformación del marco jurídico que soporte y viabilice procesos más modernos y dinámicos.

Al referirme al sector político, no aludí exclusivamente al honorable Congreso y a los diputados, pues aunque en ellos se formaliza y se encuentra depositada la representación nacional, es preciso señalar que como tal representación, los consensos y los procesos políticos deben sustentarse en lo que la sociedad representada siente y piensa, lo que va más allá del honorable Congreso, pues es improbable que iniciativas sin consenso social puedan convertirse en leyes de la República por iniciativa aislada de algún bloque legislativo o de algún diputado o que, aún aprobadas, rijan efectivamente. Por ello, al referirme a lo político, lo entiendo conformado por las dirigencias nacionales, es decir, de organizaciones políticas y sociales que intervienen en los procesos de toma de decisiones colectivas y que con su influencia pueden favorecer u obstaculizar aprobaciones a nivel de la representación nacional. Es en este ámbito del actuar político de la sociedad donde debe hacerse un esfuerzo intenso de comunicación y diálogo, de acercamiento de posiciones disímiles, para acompañar los procesos de modernización de la economía y de la sociedad, de manera que las instituciones tengan el suficiente respaldo político y social para dar paso a determinados procesos políticos, inclusive la aprobación de las leyes.

Por lo demás, las mesas de trabajo del taller señalaron áreas e iniciativas de ley pendientes, cuyo progreso y final aprobación sería requerido. En el campo económico financiero los participantes se refirieron a la urgencia de entrarle en serio al tema de los fondos de pensiones, a las reformas de la Ley del Mercado de Valores surgidas desde los acontecimientos financieros de 1999; a la Ley de la Actividad Aseguradora regida actualmente por al menos tres decretos y otros tantos reglamentos, algunos de ellos de mediados del siglo pasado; a la Ley de Garantías Mobiliarias y a la legislación ausente en materia de microfinanzas, por su efecto dinamizador del crédito pequeño; a la flexibilización de regulaciones en la Ley de Bancos; y, a la Ley de Sociedades Financieras, entre otras, todas referidas al ámbito financiero sujeto a importantes y dinámicos cambios mundiales en los últimos años, lo que sugiere la importancia de introducir normativas nuevas o actualizar las vigentes, para dinamizar el crédito, asegurar la solvencia, la debida fiscalización y la certeza jurídica para empresas nacionales y extranjeras que realizan su actividad en este ámbito de la actividad económica.

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