Guatemala, a escasos 18 días de las elecciones, vive uno de los momentos más difíciles en lo que va del llamado proceso democrático, es decir de la vuelta de los civiles al poder, que hasta el momento no han logrado ni contribuido a fortalecer y desarrollar un Estado democrático de Derecho. Se respira un ambiente cargado de violencia política, que puede tener un desenlace fatal y afectar directamente a uno de los dos candidatos o continuar con cualquiera de sus más cercanos colaboradores, como ya ha sucedido.
Son 18 días en los cuales tanto el candidato de la UNE como el del Patriota tendrán que redoblar sus medidas de seguridad, porque un atentado a estas alturas del proceso, sería lo peor que puede sucederle al país, que ya no aguanta con el desprestigio que ha ido ganando por la actitud de los gobiernos que se han turnado en el poder; por el mal funcionamiento del sistema de justicia, por los asesinatos escandalosos en que las fuerzas de seguridad han estado comprometidas, y hasta por los altos índices de miseria que llaman la atención de la comunidad internacional, menos de la próspera sociedad que, según criterio de los beneficiados, la economía va viento en popa.
Nadie más que ellos, los candidatos, tienen que asumir la responsabilidad que les compete, pues ambos ante la desesperación por ganar votos han generado un clima de violencia que puede revertirse contra ellos, al tocar en sus discursos directamente a las mafias que están con uno u otro bando y que les interesa seguir copando las instituciones del Estado. El clima político también ha sido aprovechado por los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos para amenazar y montar vigilancia a defensores y defensoras de derechos humanos.
Es un momento en el cual no hay que desestimar cualquier reacción violenta ante la desesperación por los votos o ante la pérdida posterior al 4 de noviembre. No debería suceder esto si, tal como lo señalan los candidatos en sus discursos, tanto el poder económico como los militares y el crimen organizado están de una u otra forma garantizados en sus cuotas de poder. El Gobierno y los funcionarios saben lo que esto representa para el país y para ellos mismos, que tienen la obligación de garantizar la vida de los ciudadanos y el desarrollo normal de la segunda vuelta electoral, así como el cambio de gobernante, sin que haya más derramamiento de sangre.
Más de 50 asesinatos acontecidos antes de la primera vuelta es un precio alto que pagaron la mayoría de los partidos y que debe llevar a la sociedad guatemalteca a rechazar tajantemente el uso de la violencia política, para intentar acceder al poder local o nacional. El clima de alta tensión debe desaparecer, y eso solo es posible desarticulando las estructuras que se mantienen intactas y que han actuado con toda impunidad.
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