Ya empezó el “transfuguismo político”

El único medio en Guatemala por el cual un ciudadano puede optar a una curul en el Congreso, es a través de un partido político, es decir, el ciudadano tiene que estar enlistado en un partido para luego ser proclamado como candidato a diputado. En el momento de elegir diputados al Congreso se vota por un partido político, el cual tiene registrado a sus diputados por listado nacional o por distrito electoral.

Según como sean colocados los candidatos numéricamente en ambas listas, es así como tendrán oportunidad de obtener un curul, es decir, los primeros en la lista tendrán más oportunidad de ingresar al Congreso que los últimos. Esto, dependiendo de los puestos o curules que el partido haya adquirido con relación al número de votos obtenidos en las elecciones generales del Organismo Legislativo.

Considero que si un diputado es elegido al Congreso a través de un partido político, es antiético que después de un tiempo el diputado decida cambiar de agrupación política. Este fenómeno se conoce mundialmente como “transfuguismo político”, y se presenta cuando un político cambia de partido para acceder o no perder una posición de poder.

Las principales razones por las cuales un diputado cambia de partido son: el hecho que el partido por el cual fue elegido vaya en declive perdiendo popularidad, buscando su reelección en otro partido con más fuerza u oportunidades de ganar en la futura elección; el tener conflictos y diferencias irreconciliables con el resto del partido; el tener demandas y denuncias en el Organismo Judicial en su contra tan bien documentadas que el mismo partido los ha retirado de sus filas, buscando asilo en otro para no perder su inmunidad; o simplemente, porque resulta más barato el precio de una candidatura a diputado en otro partido en caso deseen reelegirse para un nuevo período.

El transfuguismo político es un fenómeno político que existe en todas partes del mundo, y en algunos países se ha considerado la necesidad de prohibir mediante la ley que los diputados que han sido electos por propuestas de un partido político, una vez que se encuentren en ejercicio de sus funciones se pasen a otro partido. En España, todos los partidos con representación parlamentaria, con excepción del partido vasco Herri Batasuna, suscribieron en 1998 un compromiso de honor para impedir el transfuguismo político.

En Perú, una bancada del Congreso presentó un proyecto de ley que plantea sancionar el transfuguismo con pena de cárcel. Esta iniciativa pretende incorporar normas de prevención y sanción contra el transfuguismo, planteando una sanción de pena privativa de libertad no menor de cuatro años y la inhabilitación por cinco años al funcionario público electo por voluntad popular que hace abandono para afiliarse o incorporarse a otra, con el fin de favorecer intereses políticos opuestos o distintos a los que ofreció en su campaña electoral. Y cuando el transfuguismo consista en la percepción de dinero o en la obtención de una ventaja económica de cualquier índole, la pena de cárcel será no menor de seis años ni mayor de diez años.

Si el diputado cambia de partido político da a entender a la ciudadanía o a sus electores que no hay consistencia en su actuar, y en la mayoría de casos, que buscan intereses personales únicamente.

Llegan inclusive a cambiar de un partido con tendencia de derecha a uno de izquierda o viceversa, mostrando claramente que no poseen un lineamiento político firme o estable. Por lo tanto, si existiera la prohibición de cambiar partido político durante el período legislativo por el cual fueron electos, los electores no se sentirían defraudados, los diputados tendrían que orientarse o ubicarse con más detenimiento antes de enlistarse a un partido, y la misma agrupación política estudiaría a fondo a los candidatos que desean representarla.

Actualmente, no existen en el ordenamiento legal guatemalteco disposiciones específicas represoras ni preventivas del transfuguismo político, razón por la cual debe actualizarse la Ley Electoral y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo con el fin de cubrir este vacío legal que afecta la institucionalidad y la democracia.

Es claro que lo que buscan un buen número de diputados con esta práctica es un beneficio y provecho propio, olvidándose totalmente del bienestar y los intereses de la Nación, y peor aún, de la confianza depositada por sus electores.

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