CICIG, buscando la luz

Tortuosa marcha

La puesta en marcha de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha sido tortuosa. Desde el inusitado arranque de su diseño y negociación en 2003, la posterior declaratoria de inconstitucionalidad y su abandono temporal, hasta la manera sorpresiva como la aprobó el Congreso en agosto de 2007.

Se trata de un instrumento híbrido que estrena en Guatemala las Naciones Unidas. No es la típica misión de observadores que acompaña procesos de paz, ni la oficina que asiste con pulcritud instituciones locales procurando elevar sus capacidades funcionales. Tampoco responde al modelo de intervención de las llamadas Misiones de Paz, que constituyen en realidad un gobierno internacional que entra al rescate de los “Estados fallidos”.

Al finalizar la guerra civil en El Salvador se creó un discreto equipo internacional de investigadores, conocido como Grupo Ad Hoc, que, con ayuda de EE.UU., identificó estructuras criminales y a sus integrantes, pero esos hallazgos, entregados confidencialmente al Gobierno, tuvieron una aplicación que nunca se aclaró. Lo que leyó el público fue un informe interesante pero aún general.

La idea original de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), que se suscribió en marzo de 2003, partió de evaluar los alcances y limitaciones de esa experiencia salvadoreña. Y evolucionó cuando la oficina política del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la envió a un grupo de expertos en Viena que trabajaba en torno a las convenciones contra el crimen organizado y contra la corrupción.

La propuesta que salió de ese equipo resultó tan novedosa –y comprometedora– que paralizó la oficina del secretario de la ONU. La misión de Guatemala en Nueva York tuvo que cabildear entre los delegados que integran la Asamblea de la ONU para que éstos aprobaran la CICIACS, de manera que Kofi Annan y sus funcionarios se sintieran con respaldo político. Pero fue una llamada directa desde el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca al piso 37 del emblemático edificio de la ONU en Manhattan, lo que finalmente aceleró la firma del acuerdo en diciembre de 2003.

La ONU madruga

Ese grupo de expertos basado en Viena, que viajó repetidas veces a negociar con la Cancillería guatemalteca en 2003, estuvo dirigido por un ex fiscal mexicano, Samuel Ruiz, y entre otros lo integraba un reputado español, Carlos Castresana, quien súbitamente había abandonado su estelar carrera profesional para residir familiarmente en México.

Cuando la CICIG fue aprobada en el Congreso, de inmediato la oficina del Vicepresidente de la República elaboró perfiles de probables directores de la Comisión para proponerlos a Nueva York.

Frak La Rue, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), que durante un par de décadas había recorrido los pasillos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, pensó de inmediato para el cargo en los amigos latinoamericanos que labró en aquella época.

Pero mientras el Gobierno y algunas ONG de derechos humanos preparaban sus notas, la oficina del nuevo secretario de la ONU, el coreano Ban Ki-moon, de manera independiente analizaba su propia terna. Ahí se seleccionó a Castresana y luego se le comunicó la decisión al Gobierno de Guatemala. El propósito de ciertos viajes que La Rue había programado a Sudamérica tuvo que modificarse: ya no fue a ofrecer el cargo de director de la CICIG a sus amigos, sino a abrir plazas para personal de alto nivel cuya recomendación pidió a gobiernos de esa zona.

Al nombrar unilateralmente a Castresana, la ONU se ahorró una controversia azarosa en Guatemala, tráficos de influencias ya desatadas y disputas entre tres fuerzas políticas en plena etapa de transición de Gobierno. Además, nadie criticó el nombramiento, pues el elegido reunía un perfil idóneo.

Castresana trabajó con el célebre juez Baltasar Garzón la polémica extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet. Pero nadie puede decir que su nombramiento tiene dedicatoria para el general Efraín Ríos Montt ni el resto de ex funcionarios acusados ante la Audiencia Nacional de España por casos de genocidio, pues el perfil de Castresana –después haber desmantelado operaciones de la mafia rusa en Marbella– ha correspondido más a la de un fiscal dedicado a perseguir el crimen organizado. Pero fue la combinación de ambas experiencias lo que lo trajo a Guatemala en 2003 y ahora como encargado de la CICIG.

La CICIG está por andar

La CICIG tiene el mandato de identificar y desmantelar, usando las leyes internas de Guatemala, redes que operan ilegalmente cometiendo crímenes sin castigo. Pero, además, debe colaborar con las instituciones responsables naturales de esa tarea –en primer lugar el Ministerio Público (MP)– para que queden en capacidad de cumplir su misión después de que la CICIG se retire, probablemente al final del próximo Gobierno, en 2011.

Pero a la vez, el mandato es suficientemente amplio para que Castresana decida cómo organizarse (eso quedará establecido en el reglamento que la CICIG se dará a sí misma), a quiénes contratar y de qué manera acometerá su misión. En su primera visita centró su atención en las autoridades del MP y Gobernación, se entrevistó con diplomáticos cuyos gobiernos financiarán a la CICIG y apenas recibió a dos delegados de grupos de derechos humanos. En la segunda visita amplió sus interlocutores y recibió sugerencias múltiples de cómo abordar su trabajo.

En definitiva, más allá de los primeros borradores de presupuesto de operaciones, plantillas de investigadores, identificar cinco áreas de trabajo y ordenar labores preparatorias que le permitan condiciones básicas de seguridad, Castresana tiene todo por hacer. Para no despertar expectativas, declaró que no adoptará los casos de mayor impacto, pero tampoco se distraerá en asuntos baladíes.

Pastorea una buena relación con las autoridades salientes y les toma la palabra de colaboración. De hecho, la disposición de trasladarle personal –policías, investigadores, fiscales– puede ser la primera prueba de depuración institucional en Gobernación y el MP.

El horizonte está abierto, con sus promesas, retos y amenazas: saboteos de hormiga, recursos legales, zarpazos... Así, entre demandas, irritaciones ideológicas y enemigos reales, la CICIG busca luz para caminar.