Foguavi, auditoría detecta escandalosas anomalías

En mayo pasado, el Fondo Guatemalteco de la Vivienda (Foguavi) estuvo en el ojo del huracán. Diputados que buscaban su reelección pidieron a dicho fondo formularios para favorecer a sus simpatizantes. Este tráfico de influencias fue detectado por la Contraloría General de Cuentas. Hoy Foguavi de nuevo resalta a la palestra. Esta vez una auditaría realizada por dos empresas y la propia CGC detectó que existen irregularidades y desórdenes en su gestión administrativa.

En la época que se dieron las anomalías, los responsables eran el ministro Manuel Eduardo Castillo y Arturo Hegel, actual jefe de Foguavi. Los malos manejos administrativos se detectaron en los tres primeros años de este Gobierno.

Foguavi es una institución financiera de segundo piso, y otorga subsidio directo y facilita el acceso al crédito a familias pobres y extrema pobreza que carecen de una casa.

Maneja anualmente un presupuesto de Q300 millones, equivalente al 14 por ciento del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones.

Entre los hallazgos se detectaron más de diez debilidades; destacan la inexistencia de registros de personas subsidiadas, no existen deudores en algunos fideicomisos, faltan escrituraciones de terrenos donde ya construyeron casas, la inexistencia de registros contables y administrativos, así como ilegalidades del funcionamiento de la auditoría interna. La auditoría fue realizada por los consultores Lara, Aranky & Ayestas, CPA, y Del Valle & Ortiz CPA, S.A, así como la propia Contraloría, quecomprendió gestiones administrativas de 2002 a la fecha.

Arturo Hengel, director de Foguavi, indica que las dos firmas auditoras detectaron 19 hallazgos, y ya se corrigió la mayoría. Reconoce que hay desorden en la contabilidad y justifica que vienen de la administración anterior. Asegura que ya estan al día en más de la mitad de las sugerencias del informe y cuentan con todos los registros.

Los desórdenes de Foguavi:
cerca de diez hallazgos detectaron las empresas Lara, Aranky & Ayestas, CPA, y Del Valle & Ortiz CPA, S.A. El trabajo fue realizado desde principios del año pasado hasta 2007.

Debilidades en su gestión administrativa
La auditoría detectó que hace falta integrar los datos de personas beneficiadas, tales como la identificación y localización. No se encontró expedientes de subsidios otorgados por la ventanilla social de Foguavi de 1998 a 2000, por más de Q94 mil.
No hay documentos que amparen el aporte al fideicomiso Viviguate, con saldo de Q10 millones. Tampoco de lo destinado al fideicomiso con la Federación Nacional de Cooperativas de vivienda (Fenacovi), de Q39 millones. No están los registros por Q816 mil de enero a agosto de 2004, de pagos por servicios técnicos y profesionales.

Faltan registros de deudores en fideicomisos
El departamento de Administración del Foguavi no tiene ordenado los nombres y direcciones de deudores de los fideicomisos que ha manejado. En este renglón permite las garantías de los pagos a favor del Estado, las cuales no están ordenadas.
El propio Foguavi ha solicitado al Fenacovi información sobre las personas a quienes ha subsidiado, ya que dicha institución no cuenta con registros del número exacto de los beneficiados con los proyectos habitacionales.

Sin escrituras en la construcción de las casas
Pese a que la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos demanda que las casas construidas por Foguavi deben contar con escrituras previo al subsidio, la institución no cuenta con el nombre de abogados y montos de contratos, mucho menos con escrituras de los terrenos de donde se han edificado las soluciones habitacionales.
El Artículo 20 del Reglamento de la Ley de Viviendas y Asentamientos Humanos (286-98), establece que la formalización de contratos de financiamiento de casas deben tener escrituras públicas para poder construir casas financiadas por Foguavi.

No cuentan con documentos legales originales
Faltan originales de contratos, facturas, expedientes de subsidios, informes de supervisión e informes socioeconómicos.
La Contraloría examinó el Comprobante único de Registro (CUR) número 60 de febrero de 2006 por Q19 millones, que corresponde al fideicomiso número 03-2006; estableció que carece de facturas, contratos, fianzas, informes y un listado de beneficiarios por Q3.4 millones.
Así también, el CUR 662 de septiembre de 2006, por Q11.7 millones, correspondiente al fideicomiso número 39, se determinó que no tiene documentos que justifiquen los gastos.

No existen medios electrónicos contables seguros
El Foguavi no cuenta con medios electrónicos seguros y autorizados por la Contraloría para llevar ordenadamente los registros de caja, ejecuciones del presupuesto de ingresos y egresos, inventarios, fideicomisos, cuentas bancarias, nómina de remuneraciones, nómina de retribuciones civiles que prestan servicios internos, así como control de expedientes de personal administrativo, de recursos humanos, subsidios y gestiones financieras.
El control electrónico debe funcionar con clave para que el departamento contable del Foguavi acceda de forma segura y no altere los números de los archivos.

Reducción de servidores públicos en el reglón 011
La auditoría determinó que el 90 por ciento de trabajadores del Foguavi laboran en la institución por contratos del renglón 029 y no del 011, como lo establece la Ley.
El informe detectó ilegalidades en las funciones administrativas, ya que personal del 029 ha tomado decisiones en nombre del Estado, por ejemplo, ha contratado bienes y servicios, supervisión de personal, aprobado pagos y realizado los mismos. Esta labor corresponde a empleados bajo el renglón 011.
También la auditoría interna del Foguavi ha sido ejercida por personal del 029, lo cual es ilegal.

Sin control de supervisión de obras
En agosto pasado, la Contraloría fiscalizó los proyectos del Foguavi en varias aldeas de Huehuetenango y Chimaltenango, donde se estimó la construcción de más de cien casas.
Se detectó que en los lugares no fue frecuente la supervisión de la obra. Las viviendas no están acordes a los planos. Más de la mitad de los beneficiados construyeron sus casas y no el constructor contratado por el Foguavi. Se constató que las casas no pertenecen a familias de escasos recursos, los beneficiados las dieron en alquiler y fueron construidas en lugares de alto riesgo.

Descoordinación de fiduciarios en los proyectos
No existen controles de cada fideicomiso que se ha manejado. Se detectó inexistencia de informes mensuales y rendiciones de cuentas, emitidos por los fiduciarios o administradores de dichos fideicomisos.
El Foguavi no cuenta con auditorías internas sobre los estados financieros de los fideicomisos.
No existen documentos legales originales que respalden los pagos de los subsidios a los beneficiarios. Una auditoría interna del Ministerio de Comunicaciones de mayo de 2006 también detectó la falta de controles de los fideicomisos.

Descontrol de servicios jurídicos en entrega de casas
Falta de seguimiento a los casos denunciados penalmente por la institución. No existe un control de denuncias penales en casos señalados por la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo en las irregularidades en construcciones que ha efectuado.
La CGC detectó que el Foguavi trabaja con un manual de funciones para cada puesto que no ha sido autorizado por el propio Ministerio de Comunicaciones.


Los escándalos del Foguavi

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Congresista se benefician del Foguavi
En agosto pasado, elPeriódico puso en el ojo del huracán las anomalías que rodearon al Foguavi. La Contraloría General de Cuentas realizó un informe en el que evidenció el nombre de 39 diputados que solicitaron formularios para la adjudicación de viviendas al Foguavi con un costo de Q16 mil destinadas para familias de escasos recursos.
Parlamentarios de algunas bancadas utilizaron estos formularios para realizar proselitismo, principalmente en la provincia del país.

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“Construyendo mi barrio”
En 2005, el Foguavi a través del proyecto “Construyendo mi barrio”, promovió la construcción de 13 mil casas. Dicha institución contrató a Organizaciones No Gubernamentales para que se encargaran de las obras pese a que estas no contaron con precalificación y que su mismo reglamento así lo exige. Además, obligó a los beneficiados a que construyeran sus viviendas con las entidades comerciales que la institución recomendó y no les dejó escoger, tal y como lo exige la Ley.