La desnutrición crónica afecta a cada 5 de 10 niños en el país, y en algunos municipios, la cifra aumenta a 8. Al país le cuesta US$3 mil 200 millones anuales. Si las acciones y la inversión para resolver el problema de seguridad alimentaria no se concretan, un análisis interno del Programa Mundial de Alimentos calcula que la desnutrición crónica será erradicada hasta 2205.
El análisis muestra un traslape de población indígena con altos niveles de desnutrición crónica. El resumen ejecutivo de 2006-2016 del Programa para la Reducción de la Desnutrición Crónica no sólo confirma este dato, sino que agrega que la inseguridad alimentaria se agudiza en madres sin escolaridad o que acceden apenas a los primeros grados de la primaria, y sitúa a estas poblaciones en el norte, noroccidente y suroccidente del país.
En común
El tema es parte de los planes de gobierno de ambos partidos. El programa de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) integra acciones de salud, educación y alimentación con especial énfasis a las poblaciones marginadas.
El programa está inspirado en el Nacional de Alimentación, de Chile; el de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de Costa Rica; y el programa Oportunidades, de México.
Las acciones para combatir la desnutrición se asocian a otras metas establecidas por la UNE, como la generación de empleo, vivienda. microcrédito, apoyo a la pequeña empresa y proyectos productivos.
Ambos proponen focalizar los sectores de la población con mayor riesgo.
El Partido Patriota (PP) enfatiza en la vigilancia del estado nutricional y monitoreo del crecimiento en niños menores de 5 años.
Según Marcelo Núñez, uno de los coautores del Plan de Salud del PP, la idea es usar nuevamente la ficha de crecimiento y desarrollo que funcionaba antiguamente en el sistema de salud. Estas fichas alimentarían al sistema de información y monitoreo de esa cartera, el cual también se actualizará para mejorar el control de las poblaciones en riesgo.
En tanto que la UNE hará esta selección basándose en otros criterios: desarrollo social, mortalidad infantil, retardo en talla, déficit de peso en escolares de primer grado, análisis de condiciones de salud y ambiental.
Ambos partidos coinciden también en la coordinación con los ministerios de Salud, Agricultura, Economía y Educación.
Sus candidatos han reiterado el apoyo a los programas de Creciendo Bien, y se inclinan por aumentar el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Alimentaria. Coincidencias
Manuel Manrique, representante de Unicef, ve con buenos ojos tantas coincidencias. “La emisión de una ley de seguridad alimentaria y del programa de reducción para la desnutrición crónica ayudará a dar continuidad a las políticas. Hay una cuantificación de US$3 mil 200 millones que, se calcula, dejan anualmente las pérdidas por la desnutrición. Hay avances en cuanto a este cálculo de la inversión que debe hacerse. Si se trabaja duro, la próxima administración podrá contar con el dato.
La coincidencia nos dice que hay amplia voluntad política para resolver el problema y parten del mismo diagnóstico de la realidad”, comenta.
Los planes de gobierno en materia de seguridad alimentaria deben responder a tres componentes básicos: disponibilidad, acceso y uso o calidad de alimentación, la preparación balanceada de dietas, la promoción de la lactancia materna y la garantía de la atención nutricional para los pequeños hasta los 3 años, indica Willem Van Millink, representante del Programa Mundial de Alimentos en el país.
El funcionario dice que ambos partidos tienen en el Programa para la Reducción de la Desnutrición Crónica los pilares en los que debe descansar cualquier estrategia: educación, salud, alimentación complementaria, agua potable, proyectos productivos y abogacía.
Daniel Pascual, del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (Cenoc), considera que los planes se centran en buena parte en ofrecer incentivos para productos agrícolas de exportación. “No vemos énfasis en la asistencia técnica y el financiamiento para que la población genere productos de consumo para el país que abaraten los precios del mercado interno y aumenten el acceso y la disponibilidad de alimentos”.
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