La democracia ansiada

Asumiendo los certeros diagnósticos que sobre nuestra democracia ha realizado el doctor Edelberto Torres Rivas, esta no solamente está coja, sino sigue sin orientación ciudadana y totalmente instrumentalizada a favor del poder económico. Lo que algunos han denominado “democracia empresarial”. Esta resulta no ser más que el dominio de la oligarquía nacional sobre todos los órganos decisorios del Estado y  sus mecanismos de control. Este sector  además tiene influencia evidente en la llamada “sociedad civil”, enarbolando banderas de lucha contra la pobreza –vía la piedad–, la corrupción y otros males, sin someter a discusión sus intereses económicos ni políticos.

La institucionalidad funciona para este fin. Y he aquí el problema.  Si bien el país ha avanzado en la creación de formas de representación y participación, propias de la democracia directa –Sistema de Consejos de Desarrollo–, el andamiaje jurídico nacional, en su conjunto, opera para hacer nugatorias las decisiones asumidas por la población. El caso más patético y evidente es la Consulta  Ciudadana, fundamentada en el Código Municipal y el Convenio 169 de la OIT, cuyos resultados y consecuencias jurídicas hasta el momento han sido totalmente ineficaces. Resulta entonces que la población tiene capacidad de opinar y  el derecho de ser consultada. Sin embargo, la consulta  deviene en un mero ejercicio social, cuyos resultados no obligan al organismo Ejecutivo. Vaya sentido de democracia. Otro ejemplo es la planificación  local y departamental a partir de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, pues resulta que, por mandato de la Ley del Ejecutivo, las decisiones de estos órganos colegiados son “ordenadas y priorizadas” por Segeplan, quién sabe con qué criterios. Estas leyes devienen en leyes parche y meros ejercicios de demagogia política. Lejos de estimular al ciudadano provocan frustración. Estas reflexiones surgen a propósito de la nueva legislatura,  la cual a nuestro juicio debe revisar el andamiaje jurídico nacional, colocando la legislación ordinaria en consonancia con las normas de participación ciudadana, y no al revés.

Tenemos que reconocer que  mano dura y militarismo son el peor marco para la participación ciudadana y la concertación.  La democracia que  buscamos, incluyente, redistributiva, participativa y social, requiere un Gobierno democrático, abierto al diálogo y al consenso, que haga de la concertación social su estrategia. Los gobiernos impositivos son cuestión del pasado. Los guatemaltecos y guatemaltecas, lejos de abstenernos de votar, debemos comparecer a las urnas y rechazar las pretensiones hegemónicas y represivas. 

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