Riesgo de viciar la transición

Dimos en llamar transición a la democracia al conjunto de acciones encaminadas a despojar al Estado de su modo de ser autoritario. La piedra de toque de tal transición consistió en celebrar elecciones libres. La transición implica un proceso pacífico y gradual de cambio político, que se rige por normas generales y se contrapone a los métodos violentos, de persecución y ruptura, como se concibieron las transformaciones en el pasado.

Otro debate es si esa transición a la democracia terminó. Todo indica que sí. Después de 22 años logramos una arquitectura política democrática donde operan las normas formales y existen las instituciones indispensables. Otro asunto es que esa arquitectura esté chueca, no funcione el drenaje, exhiba las ventanas rotas, el techo levantado –para aludir a la intemperie que padece la mayoría de gente– y sea objeto de constantes asaltos.

Como sea, ahora cuando hablamos de transición nos referimos al cambio de estafeta de un Gobierno a otro a través de elecciones. A pesar de los encontronazos y desconfianzas,  estas transiciones se han venido civilizando. En 2003 se inauguró una forma institucional –me tocó coordinarla– que consistía en reunir y presentar a los equipos de los partidos finalistas, y luego al que haría Gobierno, la información relevante de cada dependencia, hasta llegar a los detalles en reuniones bilaterales.

Este Gobierno está replicando el método, pero procura, además, crear una atmósfera de cooptación con el entrante. Algunos observadores me insisten que esa amigabilidad –expresada en el interior en la segunda vuelta electoral mediante apoyo clientelista de dotaciones de láminas, campañas de “perfil bajo” a través de las filiales del partido oficial en el departamento de Guatemala, e incluso el asueto extenso intencional para bajar el peso relativo del voto capitalino– va más allá de la responsabilidad de una transición ordenada. Piensan que acarrea el compromiso de no revisar cuentas ni ejecutorias chuecas del Gobierno saliente, y en algunos casos favorecer nombramientos diplomáticos.

Si esos observadores tienen algo de razón –sin restar méritos ni descalificar buenas intenciones– el marco político de la transición estaría viciado. No comparo esta situación con el tutelaje militar en las primeras administraciones civiles. Se parece más al tipo de arreglos de Otto Pérez –como “copresidente” de Ramiro de León– para procurar la buena instalación de Álvaro Arzú y su equipo.

Sería una lástima que, de ser un buen ejercicio civilizatorio, esta transición se convirtiera en componenda, en otro arreglo de impunidad.

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