La justicia se va de vacaciones…

En una práctica muy criticada por la opinión pública, pero que se mantiene imperturbable, el personal de la mitad de los tribunales de la República sale en estos días a gozar de sus vacaciones de fin de año, contribuyendo a incrementar la lentitud que reina en el sistema de aplicación de la justicia en Guatemala. 

Es lamentable que no se haya modernizado hasta ahora, en forma escalonada, el programa de descanso de los laborantes del Organismo Judicial, pues dicha holganza en los juzgados afecta sensiblemente el desarrollo de los juicios.

Este año, el reposo tribunalicio tiene lugar cuando el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala señala que la impunidad que reina en el país y la incontrolada escalada de la delincuencia es responsabilidad de la Policía, del Ministerio Público y del Organismo Judicial.  El descanso de los juzgadores se produce en momentos en que el jefe del Ministerio Público, Juan Luis Florido, exige el cumplimiento de más de 14 mil órdenes de captura que están pendientes, lo cual le impide presentar acusaciones.  El recreo en los órganos jurisdiccionales ocurre precisamente cuando el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, denuncia que el sistema de justicia se encuentra sumido en la más profunda inoperancia.

Si en tiempos normales la característica clásica de muchos de los operadores de justicia es el tortuguismo, ¿será posible que esta paralización masiva de jueces y oficiales no incida en el desarrollo de los múltiples procesos que se están tramitando?

Por supuesto que, al salir de vacaciones, los funcionarios y empleados de los tribunales hacen uso de un derecho justo, legítimo e irrenunciable. Sin embargo, lo que objetamos es el procedimiento obsoleto de cerrar a piedra y lodo el 50 por ciento de los entes juzgadores.  En estos malos tiempos, de asesinatos, secuestros, asaltos y robos, es totalmente inconveniente que se paralice nada menos que la mitad de la justicia penal.

Las autoridades del Organismo Judicial deberían hacerse eco de la frustración que sufren las víctimas de un delito, o sus familiares, ante ese perjudicial cierre anual de los juzgados. Son centenares los juicios que se tramitan a paso lento, y millares los profesionales litigantes que resultan seriamente perjudicados con esta absurda parálisis institucional. Hasta la saciedad se ha dicho que no se puede vivir en paz en un país sin justicia pronta. Con semejante vacío en la aplicación de la justicia, ¿cómo aspiramos a que se terminen los linchamientos callejeros?

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