Qué es el IETAAP

En un país donde la Constitución se respeta cuando no obstaculiza las ambiciones de los políticos y gobernantes, quizá la mejor estrategia para enfocar el IETAAP sea haciendo énfasis en sus consecuencias económicas.

El IETAAP es abierta y claramente inconstitucional por ser confiscatorio, al igual que lo fue su antecesor, el IEMA. Pero ello a los políticos, a los “expertos” en aspectos fiscales, a los periodistas e incluso al CACIF les ha importado un comino. En Guatemala está demostrado que en aquellos casos en que la Corte de Constitucionalidad ose decretar la ilegalidad de un impuesto, los principios tributarios que establece la Constitución, débiles frente a los abusos que pueda cometer el Congreso, prevalecerán hasta que los Impuestos anulados sean rebautizados con nombres más políticamente correctos que los sustituyan, pero igualmente inconstitucionales.

Y en este caso, a pesar de que el susodicho elegantemente se apellida “en Apoyo a los Acuerdos de Paz”, los nombres de pila “Extraordinario y Temporal” parecen no tener significado alguno.

Pareciera que la consigna hubiera sido “sólo un año más vamos a extender la inconstitucionalidad”, pero a ese pacto nadie está atado.

Superando las aberraciones Keynesianas de desincentivar la inversión productiva por medio de confiscar las ganancias de las empresas para que estas no puedan ser reinvertidas generando más empleo, y redistribuyéndolas hacia burócratas ineficientes o corruptos, el IETAAP va más allá, confiscando el patrimonio de las empresas, tengan estas ganancias o no.

Antes se castigaba sólo a las empresas que generaban riqueza. Ahora, en el mejor espíritu de la lógica egalitaria, se castiga parejo a cualquiera que emprenda una iniciativa empresarial en el sector formal, gane o pierda. Si el primer caso desincentivaba las inversiones, el segundo está destinado a erradicarlas.

La otra consecuencia importante de un tributo de esta naturaleza tiene que ver con el impuesto más nocivo que ha creado el Gobierno, aquel que ha empobrecido a los más débiles y que es la verdadera y principal causa de las famosas “desigualdades” sociales que padecen nuestros países: la inflación.

Nadie niega la necesidad de financiar las responsabilidades elementales del Estado, pero bajo el idealismo ilusorio del paternalismo estatal se han fomentado políticas de gasto público cuya principal consecuencia tangible ha sido la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Para esta “clase social” más débil, el ahorro es una práctica inconcebible. 

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