A corregir la plana

El Congreso de la República tiene dos  brazas entre sus manos. Una es el respaldo que el legislativo le da a las estructuras criminales que lucran con las adopciones y la otra con los negocios turbios en el presupuesto general de gastos del 2008.

Con relación al primer tema, el Congreso pretende, excediendo sus atribuciones, hacer que el Convenio de La Haya, relativo también a la regulación de las adopciones, entre en vigor en abril de 2008 y no el 31 de diciembre de este año como se estipula. La única argumentación de los legisladores que pretenden esta aberración es la de “compaginar la entrada en vigor del Convenio en Guatemala con la ratificación del mismo por parte de Estados Unidos”. Una doblada de cintura a una potencia extranjera, que mañosamente ignora todas las alusiones a la soberanía que impidieron la ratificación de la Ciciacs hace dos años.

Por si fuera poco, la ley que está llamada a adecuar la legislación nacional a dicho convenio; lejos de ser aprobada como corresponde en su redacción final y por artículos, pretende ser cambiada por una a la medida de las mafias de adoptistas. Sí, mafias, porque violentan las normas y los mínimos controles que hay para evitar que una acción noble, como lo es adoptar niños en situación de riesgo o abandono, se convierta en un medio de lucro. Así como del crimen organizado, que llega al extremo de constituir bandas dedicadas al robo y desaparición de niños.

La otra braza es el presupuesto general de gastos del 2008, que trae partidas sospechosas en su proyecto. Una de ellas es la que trasladaría 5 millones de los dineros del Estado a manos de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua). Lo cual sería, como lo ya dicho con relación a las adopciones, otro acto aberrante del Congreso de la República. En lugar de regalar nuestros impuestos a una organización que ha llegado a la amenaza pública contra activistas sociales y que se ha constituido en valuarte de la impunidad, bien haría el legislativo en cumplir con su obligación de legislar en favor de la sociedad.

Eso implicará que enmiende la plana y no toque la fecha de entrada en vigor del convenio de la Haya, así como la aprobación y puesta en vigencia inmediata de la iniciativa 3217, Ley General de Adopciones. Implica también que elimine del presupuesto esa sórdida partida para la Avemilgua y asegure los recursos necesarios para programas sociales y fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

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