La necesidad de responder a las necesidades de las mayorías.
Lizardo A. Sosa L.
La aprobación del Presupuesto del Estado es una oportunidad para abonar en favor de la responsabilidad y la congruencia en el manejo de los recursos públicos; pues debe tenerse presente que el desarrollo futuro del país depende en gran medida de la suficiencia y sostenibilidad de estos recursos, indispensables para viabilizar el funcionamiento del Estado, cuyo papel fundamental consiste, o debiera consistir, en ser garante del bien común y del libre ejercicio de los derechos ciudadanos. Es inmensamente grande la responsabilidad de todos y cada uno, sobre todo de quienes ocupan posiciones con capacidad de decisión, en abonar el camino hacia soluciones que viabilicen el funcionamiento de las instituciones que conforman al Estado de Guatemala, que no es otro que la misma sociedad organizada.
Es evidente que el Estado guatemalteco está muy distante de ser garante de ese bien común y del libre ejercicio de los derechos ciudadanos; y es inevitable que, en tanto se carezca de una visión socialmente compartida sobre sus quehaceres y la cosa pública se maneje simplemente a criterio de los responsables de turno, lo fiscal continuará sin recursos suficientes y sin capacidad de cumplir sus importantes tareas. Por ello, la búsqueda de soluciones sostenibles en lo fiscal pasa primero por acuerdos políticos que definan con claridad meridiana el papel que corresponde al Estado; y que, en consecuencia, establezcan las responsabilidades ciudadanas respecto del financiamiento y organización de la convivencia colectiva y, sobre todo, se actúe con responsabilidad y congruencia. Es evidente que hay ámbitos de la vida cotidiana cuya responsabilidad corresponde al Estado, pues las personas, grupos, empresas, sectores y regiones no pueden asumir por sí mismos la responsabilidad de asegurar a todos el disfrute de los derechos y la igualdad de condiciones y oportunidades para el desarrollo personal, empresarial, sectorial y regional, bases del desarrollo integral de la nación. Este es, pues, un asunto de política de ordenamiento que corresponde al Estado.
Corresponde también a esta “sociedad organizada” garantizar la paz y la seguridad interna y externa, y establecer reglas que mantengan el equilibrio entre los múltiples y divergentes intereses personales, empresariales, sectoriales, regionales e internacionales, de manera que se orienten hacia el bienestar general. En este punto es esencial la práctica de una justicia pronta, independiente, insobornable y cumplida, a cargo de proveer la certeza del cumplimiento de la ley, los mecanismos para la solución pacífica y civilizada de los conflictos y la persecución y castigo del crimen.
En lo económico y social, al Estado corresponde la responsabilidad de asegurar la buena marcha de la economía, la protección de las fuentes de empleo, la salvaguarda del poder de compra de la moneda y por ende del ingreso de las personas; y, de manera subsidiaria y complementaria respecto de los agentes económicos y sociales, el estímulo a sistemas de previsión social, salud, educación e infraestructura.
Tales las imprescindibles e insubstituibles tareas del Estado, e igualmente tal la importancia de disponer un presupuesto congruente en función de los intereses colectivos, expresión financiera de los planes y propósitos de quienes tienen a su cargo esas responsabilidades legitimadas por los procedimientos electorales previstos en la Constitución y la Ley; y, por tanto, obligadas a dar respuesta a las más caras aspiraciones de la sociedad acerca de la naturaleza y características de nuestra convivencia colectiva.
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2 comentarios:
ROBERTO LOPEZ PORRAS: (2007-11-27 10:35:29 horas)
El tema de la tributación justa y razonable, ha sido analizado en Guatemala, desde hace muchas décadas, por consultores externos e internos, sin que haya sido posible convencer a los grupos de influencia de la necesidad de una Reforma Tributaria acorde a las obligaciones constitucionales del Estado y compatible con la política de estímulo a la inversión privada. Ni paraiso fiscal irrazonable, ni confiscación paralizante, sino una tasa de contribución razonable. La actual carga tributaria de Guatemala que apenas supera el diez por ciento mientras el Estado incumple sus obligaciones y sus responsabilidades por falta de ingresos, es insostenible y un peligro a la gobernabilidad del país. Los parches fiscales, casuisticos, son parte de una acomodación obligada que han tenido que adoptar los Gobiernos para hacer que por inercia e inmobilismo los gobiernos puedan subsistir. Pocos estaqn felices con dicha situaci[on. El neoliberalismo asocia el crecimiento económico con una tasa de tributación baja o marginal, dejando al Estado en una posición debil y paralizado a costas de la inacción, de inseguridad que cada vez se acerca mása a un limite de ingobernabilidad. Es una miopía corporativa propia. El Estado no es unha empresa ni puede admnistrarse como tal, sus obligaciones y responsabilidades, trascienden dicho concepto. Tenemos que entenderlo y los ciudadanos y las empresas deben enfrentar su responsabilidad social. El Presidente Kennedy hizo emblemática su frase "No pregunten que puede hacer el país por ustedes, sino que pueden ustedes hacer por el país" Algun dia tendremos un Estado fuerte, eficiente y dinámico y una sociedad responsable de sus obligaciones ante el país.
Mike Aparicio: (2007-11-27 07:59:37 horas)
Plan de Gobierno y Presupuesto Nacional
El actual debate por la prolongación del IETAP, la cancelación del PRONADE y la aprobación del presupuesto, es la prueba inequívoca de lo inútiles que son los “planes” de gobierno que la ciudadanía, la prensa y el sistema político exigen a los candidatos presidenciales, durante las elecciones.
¿De que sirve un “plan” si su realización es totalmente utópica ya que no existe sincronización alguna entre los detalles que lo integran y la distribución presupuestal?
Aún recuerdo al Doctor Espada describiendo con lujo de detalles hasta el número de jeringuillas y “curitas” que habría que adquirir para “componer” el sistema de salud.
¡Que lejos estaba el candidato de saber que todo el plan de gobierno es tan solo una pantomima literaria especulativa, que a lo sumo contiene una idealista visión de lo que se les ocurriría hacer, SI dispusiesen de los fondos adecuados para ello.
Pero la increíble inconsistencia de nuestras leyes electorales no contemplan el innegable conflicto que existe entre la toma de posesión de un nuevo gobierno y la aprobación de un presupuesto totalmente incoherente con el “plan de gobierno” entrante.
¡Pero los electores, siempre ufanos, hemos exigido hasta el delirio la presentación de un “buen” plan para poder decidir nuestro voto! Extrema candidez, tanto del público como de la prensa, de los “analistas” políticos y de los legisladores y magistrados.
¡Urge una modificación sustancial de la ley, de manera que el presupuesto nacional, que entrará en vigencia durante el primer año de un nuevo gobierno, sea definido POSTERIORMENTE a la toma de posesión del mismo!
Cualquier persona con experiencia administrativa, a la que se le comisione para renovar y modificar la forma en que se ejecutará la administración a su cargo, sabe que DEBE TENER CONTROL o al menos plena ingerencia en la definición de dicho presupuesto. De lo contrario iniciará sus labores administrativas con las “manos amarradas”.
¡Esto es tan obvio que hasta pena da tener que hacerlo notar, ya que ninguno, ni columnistas, ni críticos ni analistas han tenido la “chispa” de mencionarlo!
¡Incompetencia general que nos abruma!
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