“La presente Ley es de orden público y de interés social, y por ello, los derechos que en la misma se consignan, constituyen garantías mínimas irrenunciables” se lee en el Artículo 2 del Decreto 63-94, reformado por la infausta iniciativa 72-2007, aprobada por más de cien congresistas de esta legislatura. Seguro es fórmula de cajón que encabeza muchas leyes, mas no por ello deja de reflejar la torcida conceptualización que de lo público y de lo social tiene la mayoría de quienes dizque representan los intereses ciudadanos y nacionales. A juzgar por las extendidas manifestaciones mediáticas de las últimas jornadas, representan de mejor manera tales intereses los medios y el gremio periodístico que los “indignatarios” de la patria. Vaya si aquel colectivo no se ha ganado una justa felicitación el recién pasado Día del Periodista. Dicho sea de paso, otra batalla librada con éxito en los espacios mediáticos los días recientes fue en contra de una campaña publicitaria que trivializaba la preocupación por el creciente número de asesinatos de mujeres. Se confirma por qué, con todo y sus bemoles, la prensa es una de las pocas instituciones en que se confía en Latinoamérica.
No obstante, la labor periodística y las discusiones ciudadanas promovidas en los medios tienen límites. Desde ahí no se puede legislar o dirigir los destinos de los fondos públicos a través de la asignación y el control presupuestarios. Entre otras, estas dos funciones son cruciales para la prevalencia del orden público y del interés social genuinos. De manera que, a menos que estemos en la disposición de confiar en un poder ejecutivo omnímodo, tenemos que tener Congreso y congresistas. Elegido cómo, con cuántos integrantes, bajo qué condiciones, etcétera, son cuestiones de la mayor importancia. Quizás ahí sí valga la pena la discusión amplia y profunda de reformas de fondo, si bien no necesariamente constitucionales, por lo menos de la ley electoral y de partidos políticos. La reforma de estos es la más importante, a manera de fomentar la participación de más y mejores grupos ciudadanos. Mientras sigan siendo comités electorales; mientras su intermediación continúe reducida a la propaganda electoral; mientras la postulación a una curul cueste hasta Q2 millones, según se afirma, ¿de veras debemos extrañarnos de que sean las prebendas ignominiosas (negocios o tranzas) las que hagan prevalecer el simulacro de orden sociopolítico en que vivimos?
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