El Congreso no tiene excusa, y es tiempo ya de que apruebe la ley sobre las adopciones. Una iniciativa que es una necesidad vital en Guatemala, pues nuestro país destaca en el campo internacional por ser un excelente exportador de niños y niñas dados en adopción.
Es claro que la adopción es una noble causa y un medio para formar hogares cuando hay infantes desprotegidos por orfandad. También lo es cuando hay familias (de padre y madre o madre–madre, padre–padre, o un solo integrante) quienes adoptan uno o varios infantes.
Entendida como función social y como acción humana, la adopción resulta una causa noble. Quienes la llevan a cabo en el marco del derecho no temen a las normas que se establecen en aras de proteger y cuidar a a los niños. Sin embargo, en nuestro país la historia ha sido otra. Iniciada durante el período de la contrainsurgencia y al tenor de la “clandestinidad” que vestía las acciones del Estado contra su “enemigo interno”, creció una red inicial dedicada a la adopción. Dicha red se nutrió esencialmente de niños y niñas provenientes de aldeas que previamente habían sufrido una masacre, y en la que sobrevivían pequeños y pequeñas habitantes que se trasladaban como mercancía de cuartel en cuartel.
Se nutrió también de niños y niñas que nacieron en cautiverio y fueron arrancados de los brazos de sus madres detenidas–desaparecidas (como una tortura más) para ser entregados en adopción, casi siempre fuera del país.
Con los años se ha convertido en un grupo sumamente poderoso que cuenta con abogados y abogadas especialistas en “armar adopciones”. Algunas veces estos profesionales (¿del derecho?) son la cabeza de la mafia que incluye cadenas de hogares para cuidado infantil y enganchadoras que lucran con la niñez. Por si fuera poco, también se ha nutrido la red que, a falta de mercancía, se dedica también al robo de niños y niñas, conectada con hospitales privados en todo el país.
De allí que la aprobación de una normativa que se dirija a regular los mecanismos de la adopción y proteger a niños y niñas de la voracidad de estas mafias es fundamental. El Congreso de Guatemala no tiene excusa para darle vida a esta ley, a menos de que entre sus integrantes también cuente con parte de la mafia robaniños o reciba bonos extras por este trabajo.
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