La adopción es una de las instituciones más hermosas contempladas en las leyes de Guatemala. Es un acto jurídico de asistencia social. Sin embargo, la adopción se ha desnaturalizado de tal manera en nuestro país que la palabra se ha vuelto sinónimo de “robo o compra de niños”.
Tal situación ha dado pie a que expertos extranjeros y representantes de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado hayan demandado al Congreso eliminar la actuación de los notarios en tal procedimiento. El Convenio de La Haya sobre la Protección del Niño y la Cooperación en materia de Adopción Internacional fue ratificado por la cámara parlamentaria el 22 de mayo pasado y cobrará vigencia el 1 de enero del 2008.
Lamentablemente, a algunos notarios que han trabajado en casos de adopciones se les mira casi como delincuentes, por lo cual son cada día menos los profesionales del Derecho que aceptan participar en este tipo de trámites. Se ha llegado a la exageración de pretender considerar monstruosa a la institución de la adopción de niños, cuando está plenamente reconocida por la ley, que la considera altruista y meritoria.
Recordamos que es por medio de la adopción que un menor desvalido puede encontrar un hogar que lo convierta en un hombre de bien. Son millares de niños, muchos de ellos huérfanos de la guerra fraticida de los 36 años, los que actualmente llevan una vida confortable en hogares honorables de EE.UU. y Europa. Tal como lo contempla la ley, el menor adoptado y los hijos del adoptante son considerados, acogidos y presentados a las relaciones sociales como hermanos. Asimismo, el niño adoptado tiene los mismos derechos y obligaciones de los hijos del adoptante.
Hay que señalar que la desnaturalización que en mala hora se ha hecho de una institución que es reconocidamente tan noble como la adopción de menores se debe a la irresponsabilidad de la administración del Estado de Guatemala. Lo más común en nuestro país es el funcionamiento deficiente de no pocas de las instituciones gubernamentales, como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación Civil y algunos tribunales de justicia, por ejemplo. Y en el caso de las adopciones ilegales se ha señalado la complicidad de algunos centros asistenciales de maternidad.
Entonces, debe quedar bien claro que la institución de la adopción no es mala, ni perjudicial, ni mucho menos. Lo que sí es pésimo es la falta de controles estatales eficientes, para que las adopciones se lleven a cabo como Dios manda.
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