Guatemala, miércoles 12 de diciembre de 2007 - 16:18 horas
Casi la mitad de las víctimas trabajaban para el Estado.
Por: Enrique Naveda
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Carlos Catalán era un reconocido experto en la fauna y vegetación de Petén, y muchos científicos lo apreciaban. Había ayudado a descubrir un sitio arqueológico y lo que posiblemente sea una nueva variedad de ciervos. Luchaba para evitar que la tierra se deforestara y acababa de empezar su trabajo en un plan para administrar una concesión forestal de 53 mil hectáreas que ayudarían a sobrevivir a la comunidad de Carmelita, en el municipio de San Andrés, Petén, cuando el 8 de junio de 1997, el día que la concesión se puso en marcha, un pistolero lo asesinó. Seis años después, en mayo de 2003, un hombre que luego se confesaría enviado por encargados locales de la petrolera, se abalanzó con un cuchillo sobre Cristóbal Pérez, en Rubelsalto, Alta Verapaz. Desde 2000, Pérez y su familia venían siendo amenazados por sus denuncias sobre los daños ambientales causados por las actividades de las petroleras en el área. Ahora, ya no viven en el lugar. A su hijo llegaron a conminarle: “Tu padre le hizo mucho daño a la compañía”. El 1 de febrero de 2005 recibió la última llamada intimidatoria: una voz masculina lo amenazaba de muerte si no abandonaba el país. En los 17 años que van desde 1989 a 2006, sucedieron al menos 56 casos en los que se atentó contra los derechos de personas que pelean por conservar el medio ambiente, según un informe que presentará el viernes 14 del mes en curso el Centro de Acción Legal–Ambiental y Social de Guatemala (CALAS). Si bien de las más trágicas, Pérez y Catalán son 2 de las 121 víctimas cuyas historias se registran en el documento que trata “sobre las violaciones de los derechos humanos de ambientalistas, activistas ambientales, trabajadores de ONG y trabajadores gubernamentales”. |
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