Los miembros del Congreso de la República han tratado de hacer una vez más de las suyas, legislado ilegalmente en beneficio propio. Demostrando que para ellos el curul es un medio para servirse del público en lugar de una vía de servicio.
A través del decreto 72–2007, los “padres de la patria” reformaron la Ley del Servicio Civil y se recetaron una indemnización a costillas del pueblo. El legislar de estos diputados viola varios principios constitucionales, pero además es un acto antiético, inmoral y deshonesto.
En lugar de crear leyes para legalizar su descarado asalto al erario, deberían respetar el mandato que se les ha otorgado y promover leyes de interés público. Leyes que beneficien a todos los guatemaltecos, reduzcan el gasto público y permitan el desarrollo de nuestro país.
Dentro de las reformas que sí deberían hacer se encuentran las dos siguientes: primero deben disminuir el número de diputados de 158 a 60; 60 diputados son suficientes para representar los intereses de los 23 distritos electorales.
Segundo, deben de reformar el sistema electoral actual de representación proporcional (sistema en el que se distribuyen los puestos en el Congreso en proporción a los votos obtenidos por cada planilla) a un sistema electoral de participación mayoritaria (sistema de representación directa).
Con estas reformas estarían diminuyendo el presupuesto del Congreso y además beneficiarían a todos los representados, quienes aunque contaríamos con un número menor de diputados, tendríamos la capacidad para elegir directamente al candidato que mejor representa nuestros intereses y los de la comunidad donde vivimos.
La reforma al sistema nos beneficiaría, ya que crearía un vínculo directo entre representantes y representados, dándonos el poder para exigir cuentas y demandar que los diputados actúen de acuerdo con las necesidades de los guatemaltecos y no con base en intereses partidarios o personales.
Debemos asegurarnos que nuestros legisladores cumplan con su trabajo o al menos que dejen de ser tan descarados. Es lamentable que aunque tengamos causa justa para despedirlos sin indemnización, estemos sujetos a cuatro años más de su cuestionable labor pública.
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