Con las últimas elecciones, el Congreso no se renovó en su totalidad. Más de un tercio de diputados se han reelegido, y tendremos oscuros personajes como Ríos Montt asumiendo nuevamente una curul, a pesar de tener deudas pendientes con la justicia. Pero no es de esas deudas de lo que vamos a hablar, sino de las iniciativas de ley que dejó pendientes el Congreso saliente, que toleró y seguirá tolerando en su seno a diputados que deberían estar en la cárcel. Como el espacio es reducido, empezaremos hablando de algunas deudas en materia de seguridad, y próximamente hablaremos de otros temas.
Una de ellas es la Ley de Control de Armas y Municiones, cuya ausencia permite y favorece los negocios ilícitos de tráfico y uso ilegal de las mismas, autorización que sigue en manos de elementos del Ejército. Si a ello agregamos la falta de una ley que regule el funcionamiento de las empresas privadas de seguridad, podremos entender por qué seguimos a merced del crimen organizado. Estas empresas tienen más efectivos que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército juntos, pues según lo señaló en su momento el ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, ascienden a 150 mil efectivos, de los cuales 120 mil no llenan los requisitos legales. Entendemos por qué en estos temas saltan las actitudes de no pocos diputados que se han opuesto férreamente a este control y se pronuncian porque todo el pueblo se arme. Lo mismo sucedió con la Ley Marco de Seguridad, que una comisión específica aprobó aun cuando el FRG por lógica razón se negó a firmar.
Esas tres leyes, además de las que sí aprobaron en materia de seguridad, son esenciales para el control de la delincuencia, pero la influencia de quienes están atrás de esos negocios y la actitud servil y cómplice de no pocos diputados hacen imposible que se legisle para brindarle mayor seguridad a la población. Han sido organizaciones de la sociedad civil quienes han emprendido sendas campañas exigiendo que se legisle y se proceda a hacer realidad la despistolización en el país, se frene la privatización de la seguridad y que las empresas se sujeten a una reglamentación estricta.
No es armando a toda la población como vamos a resolver el problema de seguridad. Tampoco es solo aprobando leyes. El tema de la seguridad no solo pasa por la seguridad ciudadana, sino también por la seguridad social y la seguridad alimentaria. Mientras no haya justicia social en Guatemala, mientras no se aborden las causas profundas que generan la desigualdad, la inequidad y la falta de oportunidades, seguirá habiendo gente que cometa delitos y que sea presa fácil del crimen organizado para hacer de las suyas. Garantizar la seguridad ciudadana es una tarea integral, y así deberá afrontarla el próximo Gobierno.
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1 comentarios:
Antonio Díaz: (2007-12-31 08:44:28 horas)
Sr. Albizures la ley de armas y municiones existe, y no funciona como muchas en Guatemala porque son tecnicamente malas. La ley de armas es mala pero existe. Ahora que usted ya no quiera que sea parte del Ministerio de la Defensa es muy distinto. Lo de las policias privadas es cierto, es un cuerpo mucho mas grande que las fuerzas de seguridad del estado. Pero su creacion es debida a la debilidad de los cuerpos de seguridad del estado. La PNC es el cuerpo de seguridad mas grande de Guatemala, pero su nivel de aceptacion es muy bajo y la percepcion que tiene la ciudadania es muy mala. Y finalmente creo que lo que se debe fortalcer son los valores, pues no es porque el vecino tenga mas que yo, o porque no se merece lo que tiene, que los delincuentes delinquen, es porque los valores con los que fueron educados son los equivocados. Eso de quitarle al rico para darle al pobre, o de que los ricos son los que tienen la culpa de que los pobres sean pobres, pues es algo irreal. Pero esa es mi forma de pensar. Feliz año 2,008.
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