Una de las materias pendientes de aprobar por el Gobierno de la República es la finalización del estado de inseguridad.
elEditorial
Una de las materias pendientes de aprobar por el Gobierno de la República es la finalización del estado de inseguridad. La actual administración estatal prometió que controlaría la delincuencia en el país, pero la escalada delictiva se mantiene, a pocas semanas de que termine su gestión.
Es cierto que las fuerzas policiales han logrado desmantelar numerosas bandas de criminales. Sin embargo, continúan ocurriendo los asaltos a personas, residencias, comercios, fábricas y bancos y los robos de automóviles, camiones y hasta de furgones, a lo que se suma un activo narcotráfico.
Las leyes fundamentales en que se enmarca el funcionamiento del país, como la Constitución Política de la República de Guatemala, señalan directamente al Gobierno la obligación de garantizar la seguridad pública, lo cual evidentemente no ha sido cumplido, con grave perjuicio para el normal desenvolvimiento de la nación.
Se ha dado amplia difusión a un serio estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que concluye en que Guatemala es uno de los países más violentos de Latinoamérica, situación que provoca pérdidas por Q17 mil 900 millones, por hechos que van desde los continuados robos hasta la atención médica de los heridos en los ataques provocados por la criminalidad.
El sector productivo ha resultado particularmente afectado por el auge que ha cobrado la delincuencia. La inseguridad ha generado un elevado gasto innecesario en los costos de la producción, pues el medio empresarial destina un alto porcentaje de su presupuesto para defenderse de los embates de la criminalidad. La inversión en seguridad se destina a la contratación de personal de vigilancia, equipamiento y entrenamiento del elemento, humano, instalación de tecnología, como alarmas y cámaras de circuito cerrado y la contratación de pólizas de seguro. A criterio de la Cámara de Comercio Americana en Guatemala, la indetenible ola de violencia que se abate sobre nuestro país es determinante para que muchas empresas busquen otros destinos, a la hora de invertir. La contratación de seguridad privada obliga a destinar alrededor de Q5 mil millones.
La administración del Estado de Guatemala debe otorgar toda la prioridad que merece el combate a fondo del crimen organizado, y poner fin al estado de inseguridad pública, que obstaculiza gravemente el desarrollo del país. El Gobierno tiene la obligación de devolver a los guatemaltecos la seguridad pública perdida, como lo ordena nuestra legislación fundamental. No hay excusa que valga.
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5 comentarios:
sergio Licardie: (2008-01-03 11:50:37 horas)
Que bueno que se reconoce que la inseguridad tiene costos, tanto economico como social, pero solo se comentan las perdidas y no las inversiones en estrategias e inteligencia. A ver que nos ensenian las nuevas autoridades.
Cesar Rivera: (2008-01-03 10:29:40 horas)
CON LA INSEGURIDAD, SEGUIMOS ADELANTE.
CON LOS PRECIOS ALTOS, SEGUIMOS ADELANTE.
CON LA CORRUPCIÒN, SEGUIMOS ADELANTE.
GRACIAS A USTED, PRESIDENTE BERGER, SEGUIMOS ADELANTE, Y AHORA AL PARLACEN.
Pedro Sandoval: (2008-01-03 07:34:00 horas)
La inseguridad es una estrategia de las familias del CACIF, para mantener la competencia foránea, "afuera". A ningún extranjero le interesa venir a competir a unas "re-públicas bananeras" pequeñas (no hay economías de escala), y "tan complicadas" tanto legal como ilegal -delincuencia-. Lo que sirve por ej. para que Walmart no llegue como en México, sino que le compre sus acciones a los Paiz y demás del CACIF. Si observan, ninguna empresa extranjera puede entrar a "competir" a menos que tenga un CACIF como "socio", ya que sólo ellos "conocen" lo "complicado" del mercado guatemaloteco.
Juanpa Escobar: (2008-01-03 06:24:18 horas)
Señores, cada año traemos al mundo a 375,000 niños que no pidieron venir, y cuyos padres solo planificaron traer tal vez a un 10% de ellos; que se suman a la prole de miles de hogares miserables, con las caudas posteriores en delincuencia y otras lacras sociales. Ya es hora de que promovamos dos cosas: a) El control natal de los pobres y de los más pobres; y b) La expulsión de tantísimo vago y delincuente de origen guanaco, catracho y nica; y el cierre de fronteras para ellos (solo a los vagos y delincuentes, obvio). Si nos concentramos en buscar soluciones sobre los efectos y no sobre las causas, ningún programa de seguridad servirá y seguiremos lamentándonos de falta de presupuesto, de agenda pendiente, de fracaso gubernamental, de pérdidas productivas por la delincuencia, etc. Comencemos a ser racionales y a actuar como tales.
Samuel Perez: (2008-01-03 05:01:50 horas)
No debemos tolerar que el Gobierno diga que la inseguridad se les fue de las manos como insinuó el mismo presidente Berger!
Ahora el nuevo presidente vaticina una ola de cirminalidad por su supuesta estrategia contra los peces gordos. No queremos mas violencia ni delincuencia. No hay excusa que valga!
El principal objetivo del nuevo gobierno en el corto y mediano plazo debe ser estabilizar la seguridad ciudadana disminuyendo la delincuencia radicalmente en los primeros 6 meses.
Las empresas de seguridad privada obtienen jugosas ganancias por el status quo de inseguridad que se vive en el pais. (No solo la capital), lo que es un gran incentivo para hacer creer que el grave problema que viven los guatemaltecos a diario no existe o es comun en todos los países del mundo. Mentira.
Una campaña mediatica para mostrar la union de criterios en el mensaje del editorial de hoy es fundamental para dar señales al nuevo gobierno que los guatemaltecos estamos urgidos de esa, y no otras medidas de caracter publico para salir del infierno que se vive en Guatemala actualmente.
No hay excusa que valga!
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