Muy a mi pesar

La Constitución política de la República establece en su Artículo 164, literal d) que no pueden ser diputados los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas por sentencia firme no hubieren solventado sus responsabilidades. En consecuencia, para que esta prohibición aplique es preciso que se den tres elementos, siendo el primero que la persona de que se trate haya sido condenada en juicio de cuentas. El segundo, que la sentencia se encuentre firme y el tercero, que de haberse dado tal condena y encontrándose firme, el condenado no hubiese solventado sus responsabilidades.

En este tema de impedimentos por materia de cuentas para acceder a cargos públicos, y muy concretamente a la dignidad de diputado, no existe otra prohibición constitucional, y sabido es que donde la Constitución no ve no puede hacerlo nadie más.

Dada esta norma de carácter constitucional, pueden surgir algunas preguntas como esta: ¿Está prohibido que sea diputado quien no tenga finiquito extendido a su favor por la Contraloría General de Cuentas? La respuesta correcta es que no lo está porque las prohibiciones para serlo están contenidas en la Constitución de la República, y la Constitución no contempla semejante prohibición.

¿Existe prohibición para que sea diputado aquella persona que esté sujeta a un juicio de cuentas? La respuesta, nos guste o no, es que no la hay, ya que la Constitución exige que para haberla se haya dado la condena, no bastando, en consecuencia, con la simple existencia de un reparo o de algún juicio para que la prohibición opere. Ni siquiera la condena es suficiente si no se encuentra firme, es decir si todavía cabe algún recurso contra la condena impuesta.

Es más, la propia condena firme no constituye prohibición si la persona ha solventado sus responsabilidades. En otras palabras, si a pesar de la condena se le ha rehabilitado.

¿No le gusta la norma, amigo lector? Pues a mí tampoco. ¿Cree usted que la prohibición debería ser más amplia y no limitarse a los condenados por resolución firme y no rehabilitados? Pues yo también. Pero el asunto no es de preferencias, si a usted o a mí nos gusta o no la norma que existe o si nos parece que debiera ser distinta. La norma es la norma, nos guste o no, y en tanto que se encuentre vigente debe cumplirse.

Para que la prohibición fuese más amplia tendría que reformarse la Constitución de la República, pero en tanto no se haga debe cumplirse. La toma de posesión de un diputado solo puede frenarse, en consecuencia, si existe condena firme en su contra, y si en habiéndola no ha solventado sus responsabilidades.

La ley puede hacerme o no popular, pero estaré siempre donde esté la ley. Claro que me gustaría, como a todos, que las normas ordinarias se cumpliesen –las contenidas en la Ley de Probidad y que contienen prohibición más amplia–, pero lamentablemente son estas de jerarquía inferior a la Constitución, y en lo que respecta a los diputados vienen a resultar inaplicables.

No me gustaría que el Contralor General de Cuentas, el Procurador General de la Nación y el Ministerio Público parasen haciendo el ridículo en esta materia, pretendiendo ignorar la norma constitucional citada, o que la CC viniera a echarse una decisión no jurídica sino “políticamente correcta”.

Me aterra también que en aras de lo que debiese ser, pero no es, se infrinja la ley, exigiendo en el asunto requisitos no contemplados por el texto constitucional, ya que en tal caso se trataría de hacer algo por encima de la norma, talvez con el mejor de los propósitos, pero que vendría a prostituir el Estado de Derecho, infringiéndose como se infringiría la propia Constitución de la República. ¿Dan ganas de linchar, verdad? ¿Dan ganas de infringir la ley para hacer justicia, verdad? Pues bien, reprimamos esas ganas o pararemos en la más absoluta de las anarquías.

Hubiera querido poder escribir esta columna en otros términos, pero lo siento, la ley es la ley, y la ley debe cumplirse. Ninguna norma puede limitar donde la Constitución no limita. En este caso muy a mi pesar, y sé que al suyo. Amén.

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