El crimen ocurre en casa

No era la primera vez que  lo intentaba. Cinco meses antes de que su ex pareja la asesinara junto a su hija, Rosa María Morales Ceceña relató ante la Fundación Sobrevivientes que Jaime Alberto Pineda del Cid quería apuñalarla.

Había ocurrido el viernes 20 de julio de 2007, narró a esta organización que atiende a víctimas de violencia doméstica. Jaime la había golpeado en su casa, en Balcones de San Cristóbal, Mixco, y luego trató de atestarle el cuchillo. Los hijos habían tenido que llamar a la Policía para que se lo llevaran detenido.

Tras pagar una fianza, el comerciante de 55 años salió libre el día siguiente, y el domingo volvió a atacar: trató de ahorcar a Rosa María en el baño, con un cincho; y cuando los hijos nuevamente llamaron a la Policía, su padre cerró las puertas con llave. Desde la calle, los policías lo amenazaron para que saliera. Lo consiguieron, pero no procedieron contra él. Le explicaron a Rosa María que ella no contaba con ninguna medida de protección otorgada por un juez en la que se advirtiera de que Jaime no podía acercarse a la vivienda.  

“Es un neurótico, es capaz de matarnos. Le tenemos mucho miedo, por eso no lo hemos denunciado”, explicó la mujer de 49 años a la entrevistadora de la Fundación ese domingo 22 de julio que presentó su caso. Rosa María fue referida con un abogado para que la acompañara a solicitar medidas de seguridad y la expulsión de Jaime de la casa. Pero ella no quería dejarlo en la calle, así que le entregaron Q150 para que le pagaran hospedaje. Solo quedó pendiente la programación de atención psicológica para ella, Ana Sofía y Pedro Alberto, los hijos de 18 y 13 años que había procreado con Jaime, su segundo cónyuge.

No fue de inmediato que Rosa María tuvo el valor para presentar una denuncia, pese a las reiteradas sugerencias de familiares y amigos. Cuando lo hizo, un juzgado le concedió la prohibición a Jaime de acercarse a la vivienda. La estación policial más cercana a su vivienda quedó obligada a prestarle auxilio inmediato en el momento que ella lo solicitara. Pero Rosa María no alcanzó a hacer ninguna llamada.

El lunes 10 de diciembre, Jaime Alberto se saltó la pared de la casa e irrumpió poco después de las 6:00 de la mañana. La primera que lo vio entrar fue Ana Gabriela Méndez Morales, la hija del primer matrimonio de Rosa María. “Yo estaba acostada en el cuarto de mi mamá, en el segundo nivel, cuando él asomó la cabeza por las gradas y al verme se escondió”, relató la joven de 22 años, una estudiante de medicina que fue testigo de la masacre.

Rosa María se estaba bañando cuando Gabriela le avisó que Jaime había entrado a la casa. La madre se cambió de prisa y bajó las gradas. Detrás de ella iba Pedro, el niño. Tras un corto diálogo de “¿Qué estas haciendo aquí? ¿Te saltaste la pared, verdad?”, Sofía salió de su cuarto y le ordenó al padre que se fuera. La secundó su hermano. Fue en pocos segundos que Jaime tomó un cuchillo de la cocina y lo siguiente que escuchó Gabriela fue: “¡Gaby, llamá a la Policía!”

Al asomarse por la ventana del segundo piso, Gabriela vio a su mamá tendida en el jardín. Bajó de prisa y se encontró a su hermano, ensangrentado, los ojos en blanco y sin pulso. La muchacha le dio respiración artificial y fue hasta que él reaccionó y le dijo “Ya no me duele” que ella corrió hacia Rosa María, quien solo le pudo extender la mano para señalar afuera. A la vuelta estaba Sofía, también herida. Tras salir a la calle y pedir a los vecinos que llamaran a los bomberos y a la Policía, Gabriela volvió con su madre, quien preguntaba, sin aliento, por sus hijos.

Sofía era la más herida: había recibido las puñaladas en el abdomen y los vecinos trataban en vano de ayudarla. De pronto alguien gritó: “¡El niño se puso mal!” y Gabriela corrió otra vez hacia su hermano. “Pedro, despertate”, le rogaba, mientras su madre,  pedía ayuda para él. El sonido de una sirena sacó a Gabriela del trance. La joven salió de la casa en el momento en que los bomberos ingresaban a  Sofía a la ambulancia. “¡Adentro hay dos más!”, les avisó, aún con el temor de que Jaime estuviera cerca. Pero su padrastro ya se había marchado en el Toyota de la familia. Lo atraparían 14 horas más tarde en la zona 1, cuando trataba de vender pequeñas bolsas con mariguana a los transeúntes. Rosa María murió en el hospital Roosevelt al mediodía; y Sofía, una hora después. Pedro sobrevivió con graves heridas en una pierna.  

El agresor no es extraño

Un mes antes de la atroz masacre en la casa de los Pineda, un grupo de investigadoras, apoyadas por agencias de cooperación internacional, presentaron los resultados de un minucioso estudio sobre las muertes violentas de mujeres y los delitos sexuales. Las cifras que más llamaron la atención del auditorio fueron las de crímenes de mujeres que están relacionados con sus parejas.

Kristin Svendsen, la autora principal de la investigación, mostró que en cuatro de cada cinco muertes violentas de mujeres,  la víctima conoce a su agresor, y que en uno de cada cuatro de estos casos, el agresor es la pareja.  

Visto de otra manera, el estudio reflejó que aproximadamente en tres de cada cuatro casos había algún vínculo entre la mujer y su victimario antes de que este la matara; es decir que al menos lo conocía. En el 24 por ciento de los casos, ese vínculo es sentimental, ya sea con el conviviente, novio o ex novio.

Christian Alvarado González era el ex novio de Carol Clavería y padre de su hija, cuando la acribilló junto a su novio, Morgan García, en el interior de un McDonald’s, en Bosques de San Nicolás, Mixco, el 12 de enero de 2004. Apenas un día antes, la joven de 28 años había denunciado a Christian por los golpes que le propinó. Aunque no era la primera ocasión que la lastimaba, sí era la primera vez que Carol no retiraría la denuncia, le aseguró a su mejor amiga. La joven murió con la denuncia en el bolso. Cuando Christian ingresó armado al restaurante, ella corrió a esconderse en el baño y desde su celular llamó a la Policía para pedir ayuda. Christian la obligó a salir  y, ya afuera, le disparó junto a Morgan, frente a toda la gente, mientras la patrulla iba en camino.  

Christian fue condenado a 60 años de prisión, pero son pocos los casos de este tipo que tienen el mismo desenlace. Menos de 100 casos de las 3 mil muertes violentas de mujeres registradas de 2001 a 2007 llegaron a juicio, según el monitoreo realizado por Svendsen, junto a Handy Barco, Hilda Morales Trujillo y Claudia Paz y Paz. Y más angustiosas son las cifras relacionadas con los delitos sexuales: el 99 por ciento de los casos quedan impunes.

Pero ¿por qué matan a las mujeres? es una de las preguntas que se hicieron las actuales autoridades del Ministerio de Gobernación hace meses, al notar que los informes de las División de Investigación Criminal (Dinc)  sobre los homicidios de mujeres  en el departamento de Guatemala
–donde se triplica la tasa nacional  de muertes– eran muy vagos. De los 271 casos registrados en 2007, en más de 150 se leía como causa de la muerte las mismas palabras: “por determinar”.

La Unidad de Investigaciones de Homicidios Contra Mujeres realizó un escrutinio de los expedientes que permitió clasificar recientemente las causas. La lista quedó dividida en 123 femicidios (45 por ciento) y 148 homicidios (55 por ciento).

Los femicidios se refieren a muertes de mujeres con extrema violencia. Lo alarmante es que al menos el 80 por ciento de ellos tienen como antecedente la violencia intrafamiliar. Son crímenes que, de acuerdo con las indagaciones de los investigadores, tienen que ver con “venganzas personales” y “problemas familiares”. No se incluyeron en ese porcentaje los 14 asesinatos clasificados como “crimen pasional”, por considerarse que no necesariamente tienen precedente de agresiones domésticas.

En el caso de Jaime Alberto Pineda, ahora acusado por doble parricidio, él le declaró al investigador que tenía problemas con Rosa María desde hacía siete años porque había inscrito la casa a nombre de ella, y ella lo había echado. Ni siquiera dejó vivir ahí a su padre, “quien murió en la calle”.

Es normal que el agresor le traslade la culpa a su víctima. Edwin Roberto Limatuj González había denunciado a su cónyuge, Ana Silvia Guerra Rosales, de violencia intrafamiliar en julio de 2004, porque su mujer era “histérica y violenta y no limpiaba la casa” y además la hizo responsable de “lo que pudiera pasarle”. Un mes después, el cuerpo de Ana Silvia fue hallado suspendido de un árbol y, 150 metros más abajo, su vehículo destrozado. Las investigaciones permitieron determinar que fue Roberto quien la lanzó al barranco, luego de matarla a golpes en la casa cuando los hijos dormían. Ya  en 2001, Roberto había tratado de estrangularla durante una riña, pero Ana Silvia accedió a perdonarlo porque estaba embarazada y él le prometió que cambiaría.

La Red de la No Violencia contra la Mujer calcula que 9 de cada 10 mujeres son agredidas en el hogar. Tan solo la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos registra más de 19 mil denuncias anuales por violencia intrafamiliar.

Pero el problema no es solo no denunciar, sino qué pasa después. Influyen los primeros eslabones del sistema de justicia que a veces minimizan el daño y miedo de la víctima –los operadores de justicia suelen aconsejar a las mujeres que “comprendan a su marido”–, así como el temor de ellas a las represalias del agresor, y la dependencia emocional y económica.  

Hasta el pasado noviembre no se contaba en el país con albergues estatales para atender a víctimas de maltrato doméstico. A finales de ese mes se inauguraron ocho centros de atención integral en los seis departamentos con los índices más altos de violencia intrafamiliar.

Estos están a cargo de Gobernación y coordinados por la Red de la No Violencia contra la Mujer, la Coordinadora Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y el Grupo Guatemalteco de Mujeres. Los centros cuentan con ayuda psicológica y legal. El presupuesto aprobado por el Congreso para su funcionamiento en  2008 es de Q8 millones, aunque el mínimo requerido era de Q12 millones.

Sin embargo, la determinación de la mujer es lo único que puede salvarla. Si ella no decide salir de la casa donde sufre las agresiones o no denuncia que su pareja la sigue buscando, pese a la prohibición de acercársele (con lo cual los agentes tienen la obligación de aprehenderlo), no hay albergue ni medida de protección que valga. La llamada para pedir auxilio a veces se hace demasiado tarde. 

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