Las declaraciones de patrimonio, inútiles; no las pueden verificar

Es como una maleta gigante en la que debe caber todo. Se llama “declaración jurada de patrimonio” y más vale no olvidar nada: ni los números de sus cuentas bancarias ni sus participaciones en empresas ni las deudas.

A partir de hoy, una cantidad desconocida de personas tendrá 30 días para presentar este documento –obligatorio para ocupar ciertos cargos públicos desde que en 2002 se sancionó la Ley de Probidad–, que en Argentina sirvió para que el ex presidente Carlos Menem fuera encausado por enriquecimiento ilícito.

Para eso sirve y así debe funcionar. Y aunque en Guatemala sus objetivos son los mismos (delatar la corrupción), un buen número de debilidades la hacen inútil.

Dos son las más importantes. Por un lado, la Contraloría General de Cuentas (CGC) no es capaz de cerciorarse de que los informes contienen datos verdaderos. Tampoco de compararlos para ver si hubo un enriquecimiento excesivo. Y tiene dificultades incluso para lograr que le entreguen las declaraciones.

Además, a diferencia de países como Estados Unidos, Argentina, Ecuador, México y Perú, las declaraciones son confidenciales y ni la prensa ni las organizaciones civiles puede escrutarlas.

Por otro lado, si la CGC lograra establecer que existe una riqueza indebida, surge un problema legal.

Aunque la Ley de Probidad habla de “enriquecimiento ilícito”, no existe como delito. Sin él, todo el sistema de probidad queda como un guerrero indefenso, opina Alejando Urízar, coordinador del programa anticorrupción de Acción Ciudadana.

Una iniciativa de ley, estancada desde 2005, propone tipificar el delito, explica Hugo Maul Figueroa, comisionado presidencial para la Transparencia.

La CGC, incapaz

La Contraloría debe recibir al menos dos declaraciones de cada funcionario, una cuando toma el cargo y otra cuando lo abandona. Debe verificar la información de ambas, y compararla para conocer si las posesiones del investigado no se han incrementado de manera indebida.

Cada vez que una persona comienza a trabajar para el Estado o lo deja, la CGC debe recibir una.

Cada vez que hay cambio de Gobierno, una avalancha de formularios penetra en la Subcontraloría de Probidad. En la mayoría de los casos, la institución no comprueba si la información declarada es verdadera, ni la Subcontraloría de Probidad verifica que se hayan recibido.

Según el Diagnóstico del Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales de Guatemala (DSDJPG), elaborado en diciembre de 2006 por la Coalición por la Transparencia, se calcula que de cada diez declaraciones esperadas, el contralor Carlos Mencos sólo recibe seis.

Las dificultades que la Contraloría tiene para verificar la información no solo dependen de su escasez de recursos. No es posible ir al Registro de la Propiedad con el nombre de una persona, y averiguar cuáles son todas sus posesiones. Por lo tanto, es casi imposible, se queja Mencos, descubrir las que no se declaran. En el caso de que las posesiones se encuentren en el extranjero, más difícil aún. Y peor con las acciones al portador, cuyo titular se ignora siempre.

La institución no tiene ni capacidad técnica ni de personal para todo ese trabajo, observan Urízar y Maul. Ahora deben presentar el documento quienes ganan más de Q8 mil mensuales, los que manejan fondos públicos y todos los que trabajan en aduanas, puestos fronterizos, puertos, aeropuertos o en la Dirección General de Migración.

Como solución, Urízar cree que ayudaría limitar el número de declarantes a aquellos que por su cargo pueden caer más fácilmente en corrupción.

Por su parte, Maul confía en una medida tecnológica. Le sugirió a Mencos que pidiera la declaración en papel, pero también digitalizada: las computadoras podrán hacer el trabajo de cruzar los datos de las declaraciones de ingreso con las de egreso.

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