Recobrar la seguridad pública perdida y superar la crisis económica constituyen los dos retos principales del nuevo Gobierno de Álvaro Colom. Según las expectativas, la población aspira, en primer término, a que Guatemala deje de ser un país sin justicia, donde la falta de castigo para los criminales ha impedido una paz verdadera y una convivencia social civilizada.
En Guatemala no ha funcionado el sistema de administración de la justicia. Cuando la Policía logra por fin aprehender a un delincuente, los fiscales fallan a menudo en su labor investigadora y no aportan a los tribunales de justicia las pruebas necesarias para que se les imponga la pena. Y en los casos en que finalmente se condena a los criminales a purgar una sentencia de prisión, estos se fugan de las cárceles con la mayor facilidad.
Pese a algunos avances logrados por las fuerzas policíacas, ni el Ministerio Público ni los tribunales de justicia dan muestras de que cumplen con eficiencia la labor que les ha sido encomendada por la Ley. Es vergonzoso que nuestro sistema de justicia esté fomentando el estado de impunidad. Es evidente que la falta de justicia que prevalece en Guatemala ha venido hundiendo al país, como lo manifiestan los linchamientos de supuestos delincuentes, que en forma recurrente han sucedido en el interior.
La solución de fondo es la urgente reforma del aparato administrativo de la justicia, que se encuentra estancado y sin capacidad de servir a la población. Es impostergable que en esta nueva etapa administrativa, el Estado de Guatemala, con el concurso responsable de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, reformen de raíz el sistema de aplicación de la Ley, fortaleciéndolo financieramente y dotándolo de personal tecnificado, además de depurar de sus malos elementos a los cuerpos policíacos, el MP y los tribunales. La falta de justicia nos tiene atrapados en la más repudiable impunidad de que gozan los criminales, lo cual trae como indeseable consecuencia la inseguridad pública, considerada por los guatemaltecos como su más angustiante problema, solamente comparado con la incertidumbre económica.
Como consecuencia de sus reiterados ofrecimientos ante la nación, la administración estatal de la Unidad Nacional de la Esperanza ha creado entre los guatemaltecos la expectativa de que declarará prontamente una lucha sin cuartel contra el crimen organizado. Ha llegado el momento de cumplir con esta promesa.
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