Exige que el Gobierno mantenga una política macro responsable.
Lizardo A. Sosa L.
Recientemente se han divulgado informaciones alarmantes relativas a política fiscal, en tanto que se había informado antes del cambio de Gobierno, acerca de medidas de política financiera, cuya comunicación inapropiada, podría generar expectativas negativas inconvenientes, dado el carácter de autocumplimiento que estas suelen adoptar; me refiero al déficit fiscal que potencialmente podría producirse en el ejercicio 2008 y al retiro del sistema bancario de los depósitos de entidades estatales.
Respecto del déficit fiscal, vale la pena recordar que su expansión a niveles superiores al dos por ciento respecto del PIB ha causado importantes desequilibrios macroeconómicos en el pasado, causados principalmente por la forma de su financiamiento a través de crédito de banca central al Gobierno, práctica nociva que afortunadamente fue cortada de tajo, en buena hora, por la reforma constitucional de 1994. De manera que si el Gobierno requiere expandir el gasto público, debe y puede financiarlo de manera sana, obteniendo recursos en el mercado financiero interno o externo, decisión que depende de los efectos que una u otra fuente de financiamiento ejercerán en el mercado financiero local, procurando minimizar efectos contrarios al mantenimiento de condiciones favorables para la estabilidad, el crecimiento económico y la generación de empleos productivos.
La buena marcha del crecimiento económico y del desarrollo social, exige que el Gobierno mantenga y profundice una política macroeconómica responsable y que, para ello, se esfuerce por evitar déficits mayores y montos y formas de financiamiento inconvenientes; al fin y al cabo, es su responsabilidad proveer esa certidumbre, misma que debe ser divulgada profusamente en lugar de generar expectativas negativas anunciando déficit desproporcionados.
Respecto al retiro de depósitos del sistema financiero para trasladarlos a la entidad núcleo de ese mismo sistema, es algo que debe hacerse, como se ha dicho, en el marco de las regulaciones que la Junta Monetaria disponga. Debe entenderse que la decisión corresponde al Gobierno en el marco de las disposiciones legales vigentes; y que el procedimiento debe ser gradual, acordado por la Junta, a fin de evitar trastornos en el campo bancario y financiero, cuya dirección le corresponde por mandato constitucional.
Vale la pena recordar que en 2000–2001, al discutirse en el seno de la Junta Monetaria el anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Decreto 16–2002, se dio un paso significativo al decretarse el traslado de los depósitos de todas las entidades estatales, sin facultades legales para mantenerlos en bancos del sistema. Ahora, a falta de Ley, el traslado puede hacerse por las entidades que están sujetas al mando y jerarquía del Ejecutivo y por todas aquellas que se coordinen con el lineamiento de política del Gobierno, salvaguardando el derecho y la conveniencia de entidades autónomas tales como el IGSS, la Universidad de San Carlos y los Organismos Legislativo y Judicial, de manejar los recursos indistintamente en el Banco de Guatemala o en los bancos del sistema.
Es erróneo levantar expectativas negativas sobre esta acertada decisión gubernamental, cuyos resultados se anticipan convenientes y positivos para el ordenamiento financiero del Estado, siempre que se haga de conformidad con la ley y de manera gradual, como seguramente se hará, por lo que también debe divulgarse esa certidumbre por quienes corresponde hacerlo, a fin de fortalecer las expectativas positivas que flotan en el ambiente y que sería irresponsable desaprovechar.
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