Para quienes cantaron gloria cuando Prensa Libre tituló que el juez Santiago Pedraz se retiraba del caso a raíz del infame fallo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que pasarán a la historia como los que tiraron al bote de la basura la jurisdicción internacional, deben saber que, en estos momentos, 13 personas víctimas, y familiares de víctimas, se encuentran en Madrid para relatar ante la Audiencia Española lo que les consta de los hechos que ensangrentaron Guatemala entera con la política de tierra arrasada.
Ello representa que varios de los criminales acusados ante ese tribunal, ante la ausencia de justicia en Guatemala, no podrán traspasar las fronteras patrias sin correr el riesgo de ser detenidos y enviados a donde deben estar, la cárcel. No se trata solo del juicio por los hechos acontecidos en la Embajada de España, que serían suficientes para hundir en la cárcel a los funcionarios de esa época, entre ellos a Pedro García Arredondo y Donaldo Álvarez Ruiz, sino abarca también el genocidio, la tortura, la desaparición forzada, delitos que no prescriben.
Los testigos, indígenas, hombres y mujeres, van convencidos de la importancia que tiene su presencia ante un juez del más alto tribunal de España, lo que representa para el país poner fin a las acciones impunes.
A los testigos los vi en la casa de la Premio Nobel, serios pero contentos; preocupados pero seguros de su misión. La mayoría solo se han subido a los destartalados buses del transporte urbano y extraurbano, nunca pensaron cruzar el charco en su vida, pero tampoco pensaron que el Ejército fuera capaz de hacer lo que hizo con ellos, sus familias y sus comunidades. Desde hace mucho tiempo confiaron en la justicia guatemalteca, tocaron sus puertas una y otra vez y las encontraron cerradas, denunciaron la inactividad de los operadores de justicia, y décadas después nada han hecho ni harán hasta que no sean capaces de romper las cadenas que atan al sistema de justicia.
Corren rumores de que un juez guatemalteco sí está dispuesto a cumplir sus obligaciones, y anda tras las declaraciones testimoniales, aunque la Corte le haya atado las manos para no juzgar a los asesinos y genocidas. Ciertamente, como dirán algunos, España tiene cuentas pendientes con Guatemala, especialmente con los pueblos indígenas, es tiempo de resarcirlos a través de juzgar a los autores de crímenes que afectan a la humanidad entera.
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