Las últimas resoluciones de la juez Marta Sierra de Stalling no han sido del agrado de los investigadores.
K. Reyes/C.Acuña
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marta sierra dijo que la Fiscalía no ha presentado pruebas en el caso Bancafé.
La historia de Bancafé
>El 19 de octubre de 2006, la Junta Monetaria ordenó la suspensión de la actividad financiera de Bancafé. La decisión se basó en que las autoridades del banco incumplieron con las recomendaciones de la Ley de Bancos, pues se excedió el traslado por más de un 15 por ciento de créditos a una “offshore” de Barbados.
El Ministerio Público (MP) recusó a la juez Marta Sierra de Stalling, para que deje de conocer el proceso contra ex directivos y socios del Banco del Café (Bancafé), pues “correría riesgos este proceso si continúa conociendo el mismo juzgado”.
“Estamos preocupados de que continúe el caso con la misma jueza, para que no se ponga en peligro la credibilidad del sistema de justicia en este país”, argumentó el fiscal general, Juan Luis Florido. Aseveró que dudan de la imparcialidad de la juez.
La recusación de la jueza se origina de la revocatoria de la orden de captura a favor de Juan Carlos Maldonado Paz, acusado de autorizar un crédito por Q30 millones que se depositó luego en la offshore Valores e Inversiones del País, lo cual ocasionó pérdidas para el banco.
Sierra aseguró que los medios de prueba no ingresaron al Organismo Judicial, desde que el caso se inició en noviembre de 2006. “Cualquier juez que lea el expediente, deberá resolver en cuanto a los elementos de prueba. Pero en una pesquisa donde no se tienen elementos suficientes, no se puede mantener una orden de captura, pues esto sería ilegal”, señaló la juzgadora.
“Fue hasta enero de 2008 que el MP presentó dos testigos contra Maldonado, quienes se contradecían en sus declaraciones en cuanto a quién otorgó el crédito, por el que se acusa a los vinculados al caso Bancafé”, recalcó.
El abogado de los inversionistas afectados, Rodrigo Vielmann, calificó de negligente la acción del MP y la Superintendencia de Bancos (SB).
Sierra dejó sin efecto la orden de captura contra Eduardo Palomo Mahr, quien demostró que no estaba en el país cuando se aprobó el crédito.
También Celeste Aída Desireé Soto, otra de las sindicadas, logró dejar sin vigencia su detención al argumentar que el préstamo cumplió con los requisitos establecidos por la Junta Monetaria. En ambos casos, el MP no apeló.
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