Las reformas últimas al ISR reproducen la norma que exigía que dos personas distintas den vida legal a los estados financieros que acompañan a las declaraciones de los contribuyentes, solo que hoy el certificador debe ser profesional colegiado. Muchísimos años se permitió que el mismo registrador fuese el certificador, no para favorecer al contribuyente afectado, tampoco al fisco. Hoy ocurre lo mismo, persiste la carencia de personas idóneas. Antes la escasez de contadores registrados se impuso. Hoy el vacío entre la cantidad disponible de auditores colegiados y las necesidades de los potenciales contribuyentes es abismal. Resolver este problema consiste en que la SAT examine este desajuste con sentido ecuánime, postergando momentáneamente tal requisito, o sea la contratación de dos personas diferentes.
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