¿Aló, Meany?

Mientras los estragos causados por el calentamiento global ya se hacen sentir, en los últimos años la industria extractiva de recursos naturales (combustibles, metales…) ha llegado a convertirse en el sector de ganancias más altas a nivel mundial.

Estos beneficios han hecho crecer la economía de varias naciones-mercado (Brasil, México, Chile, Venezuela, Rusia), aunque también existen países (Nigeria, Indonesia, Guatemala) en donde no son empresas nacionales las que reciben la mayor parte de las ganancias.

Aquí son compañías grandes (con sede, capital y accionistas foráneos) las que se reparten las tajadas más grandes del pastel. Aplastantes sumas de dinero permiten la contratación de bufetes de abogados, empresas de relaciones públicas y especialistas negociadores, con lo cual se compran voluntades políticas, se ejercen presiones comerciales, se realizan amenazas y se implementan dudosos programas de responsabilidad social empresarial. Eso explica el silencio cómplice de la Prensa y la laxitud de los gobernantes.

Nuestro país es emblemático en cómo a través de la industria extractiva han coincidido intereses económicos, geoestratégicos e ideológicos, incluyendo a empresarios, militares, políticos, funcionarios públicos y corporaciones transnacionales. Los ingresos del Estado por explotación de minas bajaron del 55% durante el gobierno de Laugerud al 1% en tiempos de Berger (sólo la mitad de ese 1% le corresponde a la alcaldía del municipio afectado).

“Hay que modificar la ley, para que una parte importante de los beneficios se quede alrededor de los proyectos y que las comunidades tengan una opción de desarrollo”, admitió del diente al labio el anterior viceministro de energía y minas. Sólo le faltó actuar en consecuencia.
¿Aló, ministro Meany?

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