Un nuevo Tribunal Electoral

El próximo 20 de febrero la Comisión de Postulación ad hoc entregará al Congreso de la  República la lista de 40 nombres entre los cuales el poder legislativo habrá de escoger a cinco magistrados titulares y cinco suplentes para integrar el nuevo Tribunal Supremo Electoral. El proceso, que encierra gran trascendencia para poder perfeccionar nuestro sistema democrático, ha eliminado ya a por lo menos 100 nombres de los 180 expedientes que recibió. Se han recibido objeciones, como la presentada por la Fundación Mack en contra de Rolando Segura Grajeda, y la de un grupo de ex candidatos a Alcalde que se opone a la postulación de los actuales magistrados Óscar Bolaños y Ángel Alfredo Figueroa.

Ante la avalancha de expedientes, la Comisión ha optado por eliminar aquellos que no cumplen con presentar toda la documentación que acredita las afirmaciones contenidas en las hojas de vida. Un criterio que francamente habla mal de la idoneidad de los postuladores, quienes se supone que al llegar ahí, por ser abogados de trayectoria la mayoría de ellos y estar en puestos de relevancia académica y profesional, debieran conocer quiénes tienen las calidades para optar al cargo de magistrados. En este sentido, si a un abogado de prestigio le faltó uno de los papeles requeridos, esto no debiera ser motivo para descalificarlo y dejar pasar en su lugar, por ejemplo, a otro, con fama de marrullero o con vínculos partidistas, solo porque él o ella sí completó la documentación. Dada la relevancia del TSE se debiera poner como requisito sine qua non para integrar la lista de postulantes una integridad demostrada a lo largo de su carrera profesional, y sobre todo un carácter lo suficientemente sólido como para no doblegarse ante las presiones de los partidos. Porque ya vimos que eso fue uno de los problemas que empañó la gestión del tribunal que culmina su mandato el próximo 20 de marzo.

En la comisión postuladora pueden verse dos bandos. El primero, el más fuerte, lo encabeza el decano de Derecho de la Usac, Bonerge Mejía, a quienes parecen sumarse el representante de las otras facultades de derecho, Rolando Escobar Menaldo y el del Colegio de Abogados, Ricardo Sagastume. Y en el otro parece haber afinidad entre el rector de la Usac, Estuardo Gálvez, y el representante de los rectores de las universidades privadas, Rolando Torres Moss. Entre las cabezas de ambos grupos existen grandes diferencias. Bonerge Mejía le ganó la decanatura al candidato que apoyaba Gálvez. Y Mejía pertenece al grupo de Mario Gordillo, actual procurador general de la Nación, cuyo grupo ha estado enfrentado a Gálvez desde que ambos eran estudiantes. Gordillo fue, además, derrotado por Gálvez  cuando ambos compitieron en 2000 por la decanatura de Derecho de la Usac. Esperemos que la lista que vaya a ser sometida al Congreso no sea contaminada por estas rencillas políticas. Entre los postulantes hay candidatos de gran valía que no debieran ser excluidos solo porque los postuló alguno de los grupos antagónicos  en  la Comisión Postuladora. El sistema político requiere de un TSE integrado por los mejores hombres y mujeres que el gremio de abogados sea capaz de ofrecer. Ojalá que la Comisión y  posteriormente el Congreso honren su compromiso con la democracia.

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