En su obra denominada Guatemala: linaje y racismo, Marta Elena Casaús Arzú, llega a conclusiones de enorme envergadura para explicar la convulsa historia de nuestro país.
Básicamente, el libro desarrolla dos premisas. La primera es que la estructura de poder en Guatemala fue articulada por una red de familias mediante los matrimonios de conveniencia y su alta incidencia en la economía y la política. Estas familias han monopolizado hasta hoy el poder mediante redes de influencia. La otra es que un elemento fundamental de esta estructura es su concepción elitista, racista y excluyente.
Ambas premisas derivan en otra de las conclusiones: las acciones del Ejército en el conflicto armado interno respondieron a la defensa de los intereses de este grupo social.
Respecto de esta obra, me asaltan comentarios y cuestionamientos. Si nos atenemos a la Constitución Política, Guatemala es una república democrática, por tanto, articulada alrededor de conceptos básicos tales como: la existencia de ciudadanos libres e iguales frente a la Ley y la obligación del Estado de responder a los intereses de la mayoría. A pesar de las implicaciones de este discurso, quienes habitamos este país experimentamos otra realidad: el ciudadano no existe y la responsabilidad de responder al bien común por parte del Estado es tan débil que puede hacer caso omiso, sin consecuencias. Entonces, nuestro drama es existir bajo una apariencia. El régimen democrático que algunos defendemos, se asfixia, pues subyace una estructura de poder real incompatible con sus preceptos fundamentales.
El pecado original de estas familias “fundacionales” fue establecer un país bajo la “lógica” de un régimen basado en privilegios. Esta lógica se ha extendido en el decurso de la Historia. Así, otros grupos (sectores con influencia política o militar por ejemplo), han abusado de igual manera. El hecho de que prevalezcan los privilegios por encima de la igualdad ciudadana y el bien común, ha destruido la confiabilidad en la ley y ha debilitado las instituciones, haciendo de cada individuo un descreído del sistema.
En cuanto a la “utilización” del Ejército y los poderes del Estado por las redes familiares oligárquicas (y otros sectores poderosos) para sus fines, ha incidido en la perversión de muchos de sus miembros quienes hoy reclaman tajadas de poder desde las filas de oscuros aparatos clandestinos. Sin duda el alto nivel de impunidad que nos agobia es parte del escenario que esta realidad genera.
Construir al ciudadano en el imaginario guatemalteco implicará la necesaria destrucción de las ideas que sustentan al régimen “real” que hoy vivimos. Especialmente deberán desparecer los rancios conceptos de linaje y racismo, pues una estructura mental y material que impide la movilidad social de la mayoría y la justicia, solo puede generar violencia.
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