Siete hermanas golpeadas

Las grandes compañías petroleras no son muy queridas en América Latina. En Venezuela, el señor Hugo Chávez la ha emprendido contra Exxon–Mobil. Ha decidido castigarla porque la empresa se ha querellado contra su Gobierno en los tribunales internacionales por incumplimiento o ruptura de contrato. Para Chávez, el ejercicio de un derecho ante la violación de unos acuerdos es una afrenta a la nación y a la revolución bolivariana.

En Ecuador ocurre más o menos lo mismo. Los enfrentamientos del Gobierno del presidente Correa son contra Chev-ron. Ignorando varios fallos judiciales anteriores, y con la complicidad de voraces abogados norteamericanos, dispuestos a litigar con razón o sin ella si el demandado posee un cofre jugoso, el Gobierno de Quito, unido a ciertas inefables ONG verdes, pretende, demagógicamente, que la compañía abone miles de millones de dólares por unos supuestos daños ecológicos a los que ya les hizo frente hace años, y a los que Petroecuador, la gran responsable, ignora olímpicamente.
 En realidad, es fácil golpear a las petroleras. Tienen mala prensa. Cada vez que un motorista llena el tanque del auto suele maldecirlas. Las han acusado, a veces con razón, de ser peligrosamente poderosas, de abusar de la condición de monopolio, elevar artificialmente los precios, desatar guerras, y envenenar el medio ambiente. Casi todos los gobiernos, incluido el norteamericano, de alguna manera se han enfrentado a ellas.

 Tal vez esto era parcialmente cierto hace unas cuantas décadas, pero aquellas famosas “Siete hermanas” –Standard Oil, Royal Dutch Shell, British Petroleum, Texaco, Chevron, Exxon, Mobil– ya no son lo que eran. Si en una época acaparaban el 80 por ciento de la producción y las reservas de petróleo y de gas del planeta, hoy andan por menos del 10 por ciento. Han sido reemplazadas por otras siete hermanas, en este caso empresas estatales. De acuerdo con el Financial Times, las nuevas villanas son: Saudi ARAMCO (Arabia Saudita), Gazprom (Rusia), CNPC (China), NIOC (Irán), PDVSA (Venezuela), Petrobrás (Brasil) y Petronas (Malasia).

 No tiene sentido preguntarse por qué hay tan pocas inversiones internacionales en América Latina. Lo sorprendente es que continúen fluyendo, pese al incumplimiento de los acuerdos y a la poca seriedad del poder judicial en el ámbito latinoamericano. Me lo dijo un importante banquero español cuyo nombre, naturalmente, no mencionaré: “Hemos perdido diez años preciosos en América Latina luchando contra la arbitrariedad”. Y luego agregó: “No tiene sentido hacer negocios fuera del primer mundo. Lo que ganas en una década lo pierdes en una semana cuando un gobernante tramposo te cambia las reglas del juego”.

 Las inversiones extranjeras, además de ser una fuente de trabajo, son el gran vehículo para la transmisión de tecnología y para multiplicar la productividad con técnicas modernas de gerencia, y hasta para aumentar lo que antes llamaban “conciencia social”. Las grandes empresas asumen como parte de su tarea la llamada “responsabilidad social corporativa”. La pobreza, las enfermedades, la calidad de la educación y el cuidado de la naturaleza también les conciernen, no solo por razones de índole ética, sino porque es más fácil y rentable hacer negocios en un ambiente saludable y próspero que en medio de un paisaje de violencia y casuchas de tabla y zinc. Pero esto no parece importar en casi toda América Latina. Por eso, cada año que pasa somos un poco más insignificantes.

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