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    Guatemala, sábado 16 de febrero de 2008

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    NACIÓN

    Seguros internacionales, una empresa sin regulación en Guatemala

    A pesar de que la Superintendencia de Bancos regula a las aseguradoras guatemaltecas, existe un vacío legal en cuanto a la venta de seguros de compañías internacionales; éstas no se encuentran registradas y funcionan al margen de la Ley.

    ¿Tiene usted un seguro en dólares que adquirió a una empresa extranjera mediante una aseguradora o corredora de seguros guatemalteca?

    ¿Le han ofrecido grandes prebendas de seguros en el extranjero, en caso de que usted sufra un accidente, enfermedad o muerte?, ¿le llama la atención adquirir un fondo de pensiones a compañías internacionales? Si su respuesta es afirmativa, antes de contratar un seguro internacional, infórmese y tenga cuidado.

    En Guatemala, la venta de seguros extranjeros, que ofrecen algunas aseguradoras y corredoras nacionales, no se encuentran reguladas por la Superintendencia de Bancos (SB) y en caso éstas no cumplieran con sus contratos, no existe ninguna manera para que el Estado pueda perseguirlas penalmente o deducir responsabilidades. Esto, porque las empresas internacionales de seguros no se encuentran registradas en la SB, funcionan al margen de la ley y no cancelan impuestos.

    Ante este panorama, decenas de guatemaltecos que adquieren seguros con coberturas internacionales por montos que superan el US$1 millón, pueden quedar sin garantías para la cobertura, al hacer el reclamo de la póliza.

    La SB ha recibido denuncias de ventas ilícitas de seguros con coberturas internacionales y ha detectado decenas de casos en los que varias personas que han comprado seguros internacionales no han recibido lo que se les ofrece en el contrato.

    Según miembros de la Asociación Guatemalteca de la Industria Aseguradora (AGIS), las pólizas son comercializadas por corredores o intermediarios guatemaltecos ilegalmente, las compañías muchas veces ya no tienen la representación y el respaldo de las empresas foráneas. Además, no pagan impuestos o son exentas de fiscalización y en la mayoría de los casos no tienen personería jurídica ni legal en Guatemala, sus contratos se signan en el extranjero, lo que no permite la intervención de los tribunales de justicia o el Ministerio Público (MP) en caso de estafa o incidente.
    El diputado Mariano Rayo, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República, y Mario Mendizábal, de AGIS, coinciden en que es necesario la aprobación de La Ley De La Actividad Aseguradora, para que exista una regulación en el mercado y sanciones que estén apegadas a normas internacionales.

    Eunice Mendizábal, de la Unidad de Delitos relacionados con Bancos, Aseguradoras y Financieras, asegura que “Las personas se dan cuenta que son estafadas hasta que reclaman la cobertura del seguro”. Por eso es necesario que las aseguradoras locales comprueben respaldo sólido y la existencia de las empresas extranjeras que son garantes.

    Un mercado creciente, sin penas ni legislación

    Hasta hoy, la venta ilícita de seguros sin autorización de la SB no es castigada por la Ley. Las sanciones son débiles, la pena es de un año de prisión, con medida sustitutiva para quien realice esta actividad, normativa vigente desde los años sesenta.

    Mendizábal reafirma: “hemos escuchado cientos de versiones de personas que han comprado seguros, pero como nadie ha reclamado la cobertura porque las compañías no se encuentran registradas en Guatemala, no se puede establecer una estafa real... Pero la venta de los seguros sí es ilícita”.

    En Guatemala, la industria de seguros ha crecido de manera próspera. Las últimas cifras registradas, que datan de 2006, demuestran que hubo un ascenso. Al 30 de septiembre de ese año, las aseguradoras produjeron Q2 mil 8 millones de primas de seguros; y las afianzadoras, Q89 millones de primas de fianzas.

    Actualmente se encuentran legalmente registradas, en el mercado guatemalteco, 18 aseguradoras y 11 afianzadoras, todas reguladas por la Superintendencia de Bancos (SB). Estas deben poseer respaldo de empresas internacionales para la seguridad de las inversiones de los guatemaltecos y garantías de pago en caso se presenten percances de fuerza mayor.

    A pesar de que la SB regula a las empresas nacionales que se dedican a la venta de seguros, existe un vacío legal en cuanto a la venta de seguros de compañías internacionales que se venden en Guatemala, ya que estas no se encuentran reguladas y funcionan al margen de la Ley.

    Esto puede causar que decenas de guatemaltecos no tengan garantías sólidas para la cobertura cuando se hace el reclamo de la póliza.

    Existen decenas de casos de personas que no han recibido los beneficios prometidos por las aseguradoras internacionales y que han quedado desprotegidas porque las leyes de Guatemala no tienen jurisdicción para investigar y penalizar a las compañías extranjeras que venden los seguros.

    La importancia de una nueva legislación

    Tomando en cuenta que la oferta y la demanda han crecido considerablemente en Guatemala en materia de seguros y fianzas, por diversos factores, surge la necesidad de implementar controles eficaces que no obstaculicen la competitividad de las operaciones, pero que tampoco descuiden un adecuado manejo del riesgo asumido.

    Sin embargo, esta semana quedó fuera de la agenda legislativa la discusión de la iniciativa de ley de la actividad aseguradora en su tercera lectura y redacción final por artículos, a pesar de la solicitud que mantiene el sector asegurador, el cual funciona legalmente en el país, y la SB para tener de inmediato toda la capacidad de fiscalización sobre el sector asegurador, confirmó el diputado Mariano Rayo, quien además reiteró que realizará, como presidente de la comisión de Economía, cabildeo bancada por bancada, y de ser necesario, diputado por diputado, para que se logre que entre en vigencia la nueva ley y quede sin efecto la que data de los años sesenta.

    En la actualidad, la actividad de seguros se encuentra en una etapa donde las regulaciones aplicables ya no responden a las necesidades de supervisión en un mercado cada vez más competitivo, por lo que es necesario modernizar la legislación aplicable de tal forma que, por una parte, se convierta en una herramienta efectiva de supervisión y, por la otra, también sirva como una norma que brinde certeza jurídica a los participantes en la actividad.

    Por eso, la nueva ley se fundamenta en tres pilares: modernización de la estructura de mercado, promoción de la eficiencia en la actividad para fortalecer la supervisión e implementación de nuevas sanciones.

    Nuevas Sanciones

    Las nuevas sanciones se establecen en el Título XI de la nueva ley. En ella se explica que comete delito de intermediación de seguros toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que vende o coloca contratos de seguros en Guatemala de aseguradoras no autorizadas para operar en el país.

    El o los responsables de este delito serán sancionados con prisión de 1 a 4 años inconmutables, la cual excluye la aplicación de las medidas sustitutivas contempladas en el Código Procesal Penal, y con una multa no menor de 5 mil ni mayor de 50 mil unidades de multa, la cual también será impuesta por el tribunal competente del orden penal.

    Otro artículo agrega que comete delito de colocación o venta ilícita de seguros toda persona, nacional o extranjera, que por sí misma o a través de otras, coloque o venda seguros en territorio guatemalteco, sin estar autorizada para actuar como aseguradora en el país. El o los responsables de este delito serán sancionados con prisión de 5 a 10 años inconmutables, la cual excluye la aplicación de las medidas sustitutivas contempladas en el Código Procesal Penal, y con una multa no menor de 10 mil ni mayor de 100 mil unidades de multa.

    Simultáneamente a la imposición de las sanciones antes indicadas, dicho tribunal oficiará al Registro Mercantil, ordenando la cancelación de la patente de comercio de empresa individual o mercantil, según corresponda, a personas individuales o jurídicas, y que se proceda a su respectiva liquidación conforme lo establece el Código de Comercio.

    Otro artículo se refiere a las infracciones que incurrirán las aseguradoras, reaseguradoras, intermediarios y ajustadores cuando presenten informaciones, declaraciones o documentos falsos o fraudulentos, y cuando obstruyan la supervisión de la Superintendencia de Bancos. A los intermediarios de seguros o reaseguros y ajustadores, se aplicará una sanción de 100 a 10 mil unidades de multa de acuerdo con la gravedad de la infracción.


    Erick girón

    16 febrero 2008

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