Es lamentable que el Congreso haya aprobado un punto resolutivo para pedirle al Organismo Judicial que influya sobre el magistrado Rodolfo De León Molina para que renuncie al cargo que desempeña. Esta petición viola la norma constitucional que prescribe que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida, además debe recordarse que el Estado se organiza para proteger a la persona y garantizarle sus derechos y las garantías que otorga la misma, y en consecuencia debe respetarse el período para el que fue designado por ese mismo organismo. Es necesario que este caso de trascendencia se resuelva con apego a la Constitución. Imitemos a la Suprema Corte de Estados Unidos y a la Cámara de los Comunes, cuyos integrantes son personas que rebasan la edad que se está discutiendo.
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