Guatemala, lunes 18 de febrero de 2008 - 21:04 horas
Supuesta apropiación indebida del inmueble de Pro Ciegos y Sordomudos enfre nta en proceso legal a Rosa Galindo, quien nombró usufructuario vitalicio a su esposo Augusto Eleazar López Rodríguez, magistrado Vocal Tercero de la Corte Suprema de Justicia.
Por: Equipo de investigación
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Foto: Archivo Fachada del inmueble de Pro Ciegos apropiado indebidamente ubicado en el Centro Histórico. Dos ya se encuentran inscritas en el Registro General de la Propiedad. Sin embargo, la ubicada en la 10a. avenida y 16 calle de la zona 1, fue inscrita bajo supuestas anomalías y luego vendida a Rosa de Jesús Galindo Sánchez, esposa del magistrado Augusto Eleazar López Rodríguez. Esta propiedad que mide 188 metros cuadrados y a criterio de expertos en bienes y raíces podría estar valorada en más de Q1 millón, por su ubicación, antigüedad y construcción. Historia de la anomalía La historia se remonta al 24 de noviembre de 1978, cuando Meany González, a sus 64 años, por voluntad propia otorgó una cláusula de su testamento para declarar como único y universal heredero de todos sus bienes al Hospital Rodolfo Robles del Comité Nacional Pro Ciegos y Sordomudos de Guatemala. Curiosamente cuatro meses antes de morir, el 29 de febrero de 2004, Meany supuestamente vendió una de sus propiedades ya heredada, la situada en la 10a. avenida 16-32 a María Elena Nova Vásquez por un monto Q5 mil, según fotocopia del testimonio de la escritura pública 174, inscrita en el Registro General de la Propiedad, inscripción 14, autorizada por el notario Héctor Amado Ramírez. Una segunda compra se anota en el Registro de la Propiedad. El 25 de enero de 2006, el inmueble fue vendido por Q20 mil a Rosa de Jesús Galindo Sánchez, quien nombró usufructuario vitalicio a su esposo Augusto Eleazar López Rodríguez, magistrado Vocal Tercero de la Corte Suprema de Justicia, según fotocopia del testimonio de la escritura pública 51 inscrita en el Registro General de la Propiedad, inscripción 15, autorizada por el notario Ronel Emilio Estrada. El matrimonio entre Galindo Sánchez y López Rodríguez lo constató elPeriódico en los registros de la Municipalidad de Coatepeque, Quetzaltenango, de donde son originarios, el 29 de abril de 1976. De acuerdo a integrantes de la junta directiva de Pro Ciegos, esta situación imposibilitó que se registrara la propiedad, como fue la última voluntad de Meany. No obstante, existen dudas que solo la justicia podrá dilucidar, cuando se conozca la resolución de un amparo promovido en contra del registrador general, por la inscripción del inmueble con la falsificación de la firma de Meany. Se esperaba registrar la casa a nombre del Comité, de esta cuenta definirían qué uso le darán al inmueble. La versión de Galindo y López no se pudo conocer, a pesar de que elPeriódico intentó localizarlos. La prueba de autenticidad El 15 de febrero de 2007, a solicitud de Pro Ciegos, la firma Calixto Pérez & Asociados, Consultores Criminalísticos; realizaron un estudio grafotécnico sobre la firma atribuida a Meany en la escritura pública 174, con la que aparece en el Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial, de la escritura pública 47, de su testamento y así establecer su autenticidad. El informe destaca que sobre la firma cuestionada “Cmeany”, se puede apreciar que el diseño de todas las letras, mayúsculas y minúsculas, se caracterizan por su elegancia, ritmo parejo, vigoroso y fluido, proceden a no dudar de una persona que goza de sus plenas facultades físicas y mentales, además de un puño hábil y educado en la escritura (ver recuadro firma cuestionada). Según los expertos, la firma de Meany revela con su signatura “su tendencia a dibujar las letras, consecuentemente la velocidad de desplazamiento es de Útil Escriptorio, se torna lenta, extremo que le resta espontaneidad y normalidad a la escritura”. A pesar de estar bien de salud, pues fue hecha en 1978 (ver recuadro firma indubitada). En espera de justicia Las evidencias parecen indicar que esta propiedad es uno de muchos inmuebles que pasan a propiedad de terceras personas luego de un aparente proceso “legal”. Las estafas y apropiaciones indebidas son posibles ante las brechas abiertas que deja un débil sistema de registros, que pasa por alto cualquier tipo de anomalía. Sin embargo, en este caso las partes involucradas están a la espera de lo que resuelvan los órganos encargados de administrar y aplicar la justicia. La Corte de Constitucionalidad deberá resolver una enmienda por mal procedimiento para la apertura a prueba, que otorgó el juzgado segundo de instancia civil, el 11 de septiembre de 2007, luego de otorgar un amparo provisional el 30 de agosto de ese mismo año, en contra del registrador general de la propiedad por la inscripción de la propiedad bajo supuestas anomalías y confirmado el 3 de septiembre de 2007. El juez López: usufructuario vitalicio Augusto Eleazar López Rodríguez, magistrado Vocal Tercero de la Corte Suprema de Justicia, inició su carrera judicial en 1975, fue oficial del Ramo Penal, en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Puerto Barrios, Izabal. En 1991 fue asesor Jurídico General de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel). Fue oficial del ramo penal en Quetzaltenango y Totonicapán. En la década de los ochenta fue juez de varios ramos en Izabal y Guatemala. En 1994 inició su carrera como magistrado por Jalapa y Guatemala. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac, especialista en Derecho Consuetudinario indígena. En 2003 recibió el doctorado en Justicia y Derecho. En agosto de 2000, fue asignado por la Corte Suprema de Justicia para investigar la demanda en el caso de la alteración de la Ley de bebidas alcohólicas. Pero se interpuso un amparo en su contra por un supuesto parentesco con el entonces secretario del Partido de Avanzada Nacional, Leonel López Rodas, demandante del caso. En 2004 fue elegido por el Congreso de la República como magistrado de la CSJ. Ex fiscal del MP se involucra en el caso Berta Julia Morales Bustamante es la representante legal de Rosa de Jesús Galindo Sánchez, esposa del magistrado Augusto Eleazar López Rodríguez. Según consta en su expediente personal del Organismo Judicial, fungió como secretaria de López Rodríguez, de 1989 a 1991, cuando este fue juez en el Juzgado Cuarto de Sentencia. Además, fue ex secretaria ejecutiva del Ministerio Público, ex fiscal y defensora del banquero, Francisco Alvarado Macdonal, En 2000, a Morales se le asignó el caso del asesinato de Edgar Alfredo Ordóñez Porta. Su familia la acusó de entorpecer el proceso de investigación y de favorecer a los militares implicados en el caso. Fue integrante de casos especiales en 1998. Conoció el caso Alfredo Moreno Molina, acusado de formar una de las bandas de contrabando más grandes en el país, tras la absolución, sectores sociales responsabilizaron a la Fiscalía. También fue Fiscal de asaltos a bancos y transportes de valores, en 2000 se registraron más de 50 atracos a estos negocios financieros. En 2001, jueces del Organismo Judicial optaron por desconocer los casos que llevaba, la excusa de los funcionarios fue mal trato de la entonces fiscal. En 2004, varios fiscales se quejaron por una circular que hizo llegar donde se autorizaba que ella sería el enlace entre el Fiscal General y las Agencias Fiscales de todo el país, restando así autonomía en los procesos de investigación. En 2005 fungió como secretaria ejecutiva del fiscal general Juan Luis Florido. Morales llevaba casos de alto impacto y decidía hacia qué fiscalía eran trasladados. Tras diferencias con Florido decidió retirarse del cargo. La abogada ha sido criticada por su papel como fiscal contra el crimen organizado, pues también defendió a Carlos Wohlers en el caso de la estafa al Seguro Social por Q350 millones. |
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