Afrenta a la sociedad

Amplios sectores de la ciudadanía y expresiones a través de los medios de comunicación han calificado al reciente incremento de la violencia criminal como afrenta al Gobierno de la República, ejemplificada de forma dramática, entre otros, por el evidentemente articulado ataque en contra de la vida de pilotos del transporte urbano y extraurbano. Este ataque conforma un conjunto de hechos criminales que atenta contra la seguridad de todos, desdibuja terriblemente a los organismos de seguridad y al Estado de Derecho prevaleciente; estremece la conciencia ciudadana y, definitivamente, lejos de constituir una afrenta dirigida exclusivamente al Gobierno, es y debe verse como una afrenta a la nación y a toda la sociedad guatemalteca.

Si bien los cuestionamientos a los responsables de la seguridad ciudadana en el Gobierno son explicables y necesarios, es preciso que al mismo tiempo ciudadanos e instituciones adoptemos actitudes y acciones que contribuyan al abatimiento de esta ola de criminalidad, que no parece ser común sino muy bien organizada. El problema es pues de todos, y las autoridades y los elementos de las fuerzas de seguridad a cargo del combate al crimen deben recibir y sentir el reclamo y la exigencia, pero también el respaldo pleno para disponer y ejecutar acciones que en el marco de la Ley y del respeto a los derechos humanos permitan abatir la criminalidad y brindar un ambiente de seguridad y confianza.

La pregunta es entonces ¿cómo pueden instituciones y ciudadanos aportar su grano de arena? Lo primero, por simple que parezca, es el “apoyo moral”, de manera que quienes arriesgan la integridad física y hasta su vida en el combate a la delincuencia perciban el reconocimiento y el respaldo de la ciudadanía. Asimismo, es importante reconocer la complejidad del problema, con fuerte arraigo en la pérdida de valores ocurrida en el proceso histórico nacional de las últimas décadas; en las precarias condiciones económicas y sociales en que viven amplios sectores de la población; y con ligazón estrecha a la creciente influencia internacional, entre otros, del narcotráfico, el lavado de dinero, de las maras y el contrabando, dada su evolución en el correr de los últimos 30 años.

Es evidente también que el combate a la criminalidad requiere del diseño de una política de Estado relativa a la seguridad ciudadana, imposible de ejecutar con cascaritas de huevo y que, por tanto, sería preciso que la asignación de recursos presupuestarios destinara lo necesario para las labores policiales, de persecución penal, del sistema penitenciario, de la inteligencia civil y de las que corresponden a la aplicación de las leyes penales. Aquí son el Ejecutivo y el Congreso, por su parte, quienes deben determinar el adecuado orden de prioridades en la asignación de los recursos monetarios indispensables para cubrir remuneraciones dignas para quienes tienen a su cargo esas difíciles y riesgosas tareas, para elevar el número de efectivos, su formación, capacitación, manutención y equipamiento; por su parte, les corresponde al Ministerio Público y al Organismo Judicial proveer la certeza jurídica acerca de la aplicación del castigo a los delincuentes.

El problema es pues, de tal naturaleza que la solución no puede esperarse de manera inmediata. Es preciso entenderlo como un proceso de largo plazo que nos compete a todos y en el que debemos involucrarnos todos, al menos dando mayor interés al devenir de los asuntos que afectan a la colectividad, actuando reflexiva y consecuentemente frente al problema y aportando nuestro pequeño grano de arena desde nuestros lugares de trabajo y posiciones, con seriedad, entusiasmo y convicción.

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